No queremos ser como El Salvador

Sofía Cordero Ponce

 Tras la declaratoria de conflicto armado interno en el Decreto 111, las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía nos han mostrado una de las facetas más violentas de nuestra sociedad. En redes sociales circulan videos en los que los sospechosos de terrorismo son sometidos al ridículo y la humillación. Adolescentes siendo obligados a cantar diferentes versiones de ‘Rulay’, la canción de origen dominicano que ha invadido los barrios marginales de nuestras ciudades, se ha vuelto viral en videos de Tik Tok e Instagram. Las reacciones de la gente celebrándolo, son el síntoma de que la protección estatal y la justicia llegaron demasiado tarde.

Medios de comunicación y prensa escrita publican fotos dentro de las cárceles que emulan a la perfección aquellas tomadas en El Salvador, bajo el régimen de Nayib Bukele. En una entrevista de radio, el presidente Daniel Noboa se dirigió a los “Bukele lovers”, cuando explicó el diseño y dimensiones que tendrán las nuevas cárceles: “si quieren ir, pasear, pasar una noche, pueden ir, cometan un crimen».

El Decreto 111 se ha constituido en un golpe comunicacional que logró superar los estados de excepción tan desvalorizados durante el último gobierno, al no dar resultados. Sin embargo, la declaratoria de conflicto armado debe ser una de las caras de la estrategia contra el crimen organizado, aquella que demuestra que la fuerza del Estado está por encima y es capaz de tomar el control. La otra cara debe ser la justicia, que garantiza la permanencia del Estado de derecho y evita que la población civil sea víctima de una arremetida autoritaria.

En otra entrevista de radio el presidente afirmó que “se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer” y que “nosotros no vamos a negociar con terroristas”. Para que esto suceda, las acciones del gobierno deben garantizar los derechos de la población civil, así como la continuidad del caso Metástasis y la protección de la fiscal Diana Salazar, porque sólo así, pasaremos a una nueva etapa en donde la impunidad no nos gobierne. Es momento de que el presidente y toda la clase política sepa que no queremos ser como El Salvador.