Sara Salazar
La confianza en el sistema judicial es primordial para toda sociedad democrática. Sin embargo, en Ecuador la desconfianza de la transparencia y la integridad del sistema judicial ha llegado a niveles preocupantes.
Estas preocupaciones se han visto alimentadas por los escandalosos casos de corrupción donde se ven envueltos jueces, entre otros muchos empleados públicos. En muchos de estos casos que han salido a la luz se destaca que estas decisiones judiciales están marcadas por factores externos, o a influencias políticas, y debido a esto la integridad del sistema judicial se ve constantemente cuestionada.
La justicia debe separarse de agendas políticas para preservarse transparente y eficaz. Restaurar la confianza en la integridad judicial es un desafío para el nuevo gobierno, es primordial abogar por una justicia imparcial, independiente de todo tipo de favores políticos.
Es de suma importancia que la designación de jueces sea basada en sus méritos y competencia, y no en lealtades políticas. Y este proceso debe ser lo más transparente posible. La transparencia en los procesos judiciales es la clave para recuperar la confianza perdida en el sistema judicial. La ciudadanía debe entender y comprender los procesos judiciales para así evaluar las decisiones que se toman. Además de tener acceso a la información de las políticas que guían estos procesos.
La rendición de cuentas es uno de los pilares fundamentales para alcanzar la transparencia en los procesos judiciales. Los jueces deben estar bajo un constante escrutinio para garantizar que sus decisiones estén sujetas por las leyes, la moral y la ética.
Las malas prácticas siempre deben ser sancionadas. Esto me recuerda una frase de Francisco de Quevedo que dice: “Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”. Es muy cierto que los delincuentes hacen daño a la sociedad con sus acciones, pero estas acciones, al ser individuales, su impacto es más limitado y directo en comparación a las decisiones de un mal juez. Los delincuentes pueden ser aprehendidos y castigados, y la justicia se restaura nuevamente en estos casos individuales.
Pero en el caso de un mal juez, sus acciones repercuten en la sociedad y las consecuencias de sus decisiones pueden afectar a todo un país, minando la confianza en el sistema judicial y así socavando las bases mismas de la sociedad. La confianza en la justicia es esencial para la estabilidad social, y un juez que no cumple con su deber de manera imparcial y justa, pone en peligro a la sociedad.
Las decisiones de los jueces tienen un impacto a largo plazo en nuestro país. La responsabilidad de un juez va más allá de la interpretación de la ley, un juez tiene el poder de moldear el rumbo de la justicia en la sociedad.
En un país tan diverso como el nuestro, la convivencia se basa en la confianza que tenemos a nuestras instituciones públicas, y a la justicia, por lo tanto, luchemos por la transparencia en los procesos judiciales.
Los ecuatorianos merecemos jueces que ejerzan los principios fundamentales de la justicia y que trabajen para restaurar la confianza en la imparcialidad del sistema judicial. Este es un desafío para 2024 que no debe ser subestimado, debemos abogar por reformas profundas que fortalezcan nuestras instituciones judiciales y penales.