Excepto en los Estados fallidos, en todos los demás, se encuentren organizados como monarquías o repúblicas, sean presidencialistas o parlamentarios, pertenezcan al primer o al tercer mundo, existen sistemas, doctrinas, políticas y planes de seguridad, porque no hay organización política en el mundo libre de amenazas y riesgos de distinta naturaleza e intensidad.
Ecuador tuvo un eficiente sistema de seguridad, hasta que llegó el Socialismo del Siglo XXI, con su carga de prejuicios y aberraciones ideológicas y lo desarmó. Lenin Moreno agudizó el problema. Los resultados no se dejaron esperar, ocasionando daños irreparables: pérdidas de vidas, perjuicios a las familias, incremento de la corrupción, quebranto en la economía y desconfianza en las instituciones.
La sorpresiva presencia de una base de las FARC en la provincia de Sucumbíos, en 2008; el atolondrado manejo del motín policial, el 30 de septiembre del año 2010; la gestión desprolija y politiquera del terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas; el inexcusable y cruel asesinato a los periodistas del diario El Comercio; la conducción improvisada y desarticulada del levantamiento de octubre del año 2019; y, el manejo ineficiente de la atroz pandemia son, entre otros, los principales ejemplos de malas prácticas que dejan lecciones al país sobre cómo no se deben gestionar los temas de seguridad.
El resultado: Ecuador, que fue considerado una isla de paz, se ha convertido en un territorio controlado por los carteles de la droga y otras organizaciones del crimen organizado internacional y nacional, con altos niveles de violencia, débil cohesión social, percibido como peligroso y, por lo mismo, poco atractivo para las inversiones y el turismo internacionales, indispensables para la reactivación de la economía nacional.
Una advertencia indispensable: los cuadros de indescriptible horror en el sistema carcelario que atribularon a la población ecuatoriana, los asesinatos a sangre fría de todos los días en las calles de las ciudades, y eventos similares, son solo síntomas de un mal mayor que requiere respuestas urgentes de todas las funciones del Estado, todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil organizada.