La Asamblea Nacional es esencialmente un órgano de representación de los ecuatorianos, pero últimamente parecería que los asambleístas no representan a nadie más que a ellos mismos. Esto se ve reflejado en un 86% de la población que afirma no creer en la palabra de los asambleístas y un 78% que muestra desaprobación a su gestión, según últimas encuestas.
Detrás de esta inconformidad están los constantes escándalos de corrupción, las pugnas internas de los partidos y un continuo conflicto con el Ejecutivo que deteriora la gobernabilidad y la confianza en las instituciones. Esto, además, ha dejado las labores propias de la Asamblea -legislar y fiscalizar- en un segundo plano, de las cuales muy poco llega a estar en la opinión pública. Es decir, muy poco se conoce del trabajo por iniciativa propia de la Asamblea, en parte porque el Ejecutivo en su función de colegislador ha tenido un rol protagónico con sus proyectos de ley y relegado a la Asamblea a ser un organismo que solo niega o aprueba, pero poco propone.
La Asamblea, ya sea por decisión o incapacidad, está perdiendo la gran oportunidad que tiene de proponer reformas y soluciones que aborden las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Si no existe conformidad con las propuestas del Ejecutivo, lo mínimo que se esperaría son contrapropuestas serias, con apoyo de diversos partidos y que se conviertan en prioridad para la misma Asamblea, como parte del trabajo que le deben a sus mandantes.
Los más de 200 proyectos de ley que se han presentado desde que iniciaron funciones no responden a una agenda seria, consensuada o priorizada; además de ser desconocidos por la población en general. Tomar el liderazgo sobre su propia agenda de trabajo, construyendo y promoviendo organizadamente proyectos propios pero alineados con los intereses de los ecuatorianos, sería un buen paso para cumplir, en esta coyuntura, con el rol que les corresponde.