En este tiempo se agudizaron los problemas económicos y sociales que afectan, fundamentalmente, a los pobres que se enferman— y no hay medicinas—, a siete de cada diez personas —que no tienen trabajo—, a indígenas y campesinos —con mínimos ingresos a pesar de trabajar de sol a sol —; en contrapartida, todo sube al elevarse los precios de los combustibles.
Las necesidades insatisfechas se multiplican sin un asomo de solución, pero solo hay el discurso despectivo, el insulto y menosprecio al movimiento indígena y al dirigente de la CONAIE, Leónidas Iza, que fue apresado y luego puesto en libertad, pero tendrá un juicio con graves acusaciones, como si la Constitución no garantizara el derecho a la protesta pacífica. Sin acciones de los pueblos organizados, ¿queda alguna otra forma de reclamar a los gobiernos de turno por sus acciones económicas y sociales que perjudican a las grandes mayorías empobrecidas por un sistema injusto?
Conaie, FEINE, FENOCIN, FENOC y FEI plantean al gobierno la reducción del precio de los combustibles, moratoria y renegociación de las deudas, precios justos en los productos del campo, empleo y derechos laborales, moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, respeto a los 21 derechos colectivos, no privatizar los sectores estratégicos, políticas de control de precios, salud y educación, frenar el desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas, acceso de la juventud a la educación superior, seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia.
El derecho a la resistencia y la protesta social es constitucional, legítimo e irrenunciable, pero tiene poderosos detractores que ejercen el derecho a la crítica, que inclusive llega al insulto y grosera ofensa.