En la Asamblea Nacional se ha ensamblado una mayoría que se esfuerza por distorsionar la política como servicio público y mutarla a medio para servirse de ella, para usufructuar de ella, a cómo dé lugar.
La historia ecuatoriana acumula ejemplos, pero son exponenciales desde el 2007, cuando la denominada “revolución ciudadana” sistematizó procesos para posicionar a la política, como instrumento, para satisfacer egocentrismos, espejismos, intereses particulares y de grupo, en detrimento de necesidades esenciales de Ecuador, refrendadas por numerosas causas penales imputadas.
Su actual generación, instalada en la Asamblea Nacional como UNES, que en el proceso electoral de gobiernos locales se membretará como “Revolución Ciudadana”, ante la luz pública no escatima acciones infringiendo la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, paradójicamente tuteladas por el gobernante del 2007 al 2017.
Desde dicho lapso, la política fue acentuada como sinónimo de oscuras negociaciones, perversas manipulaciones, de enriquecimiento ilícito, que ha provocado, en la población, creciente aversión a partidos y movimientos políticos, a sus dirigentes, porque se traducen como medios de compra y venta, más no de formación y capacitación de gobernantes preocupados por el bienestar nacional; es la sustancia de la política.
Pero la distorsión no afecta a la mayoría parlamentaria, comandada por UNES, sino persiste en ella, por lo que sus recientes albañales han sido denunciados como afán de nuevamente “meter las manos en la justicia”, para presuntamente anular sentencias y procesos penales contra sus dirigentes, favorecer impunidad a sancionados con imputaciones demostradas.
Para ello, esa mayoría alienta la progresión de la perversión de la política, a través de estrepitosas maniobras, como impedir el cierre del juicio político contra cuatro miembros (incluida la expresidenta) del Consejo de la Judicatura, por su insuficiencia de votos para censurarlos y destituirlos de sus funciones.
Un juicio político concluye con los votos contabilizados sobre la moción propuesta por el o los interpelantes, pero el presidente de la Asamblea Nacional maniobró para enervar la ética política y la ley Orgánica de la Función Legislativa, condicionando el finiquito a su discrecionalidad. Maniobra suprema de corrupción. En el recinto aseguran que la suspendida sesión 798 se reinstalaría cuando UNES y los suyos negocien los votos que les faltan. ¿Hasta cuándo? El juicio está en el purgatorio.
Por si fallan, están en línea los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, otro medio posible para tramitar impunidad, mientras hacen columna los ministros del Interior y de Defensa, como supuesto pago a la CONAIE, que pretendió crear ambiente de conmoción interna para destituir al presidente de la República.
Paralela a dicha agenda, que no responde a las urgencias nacionales de seguridad, empleo y otros, les cayó, como balde de agua fría, la propuesta de consulta popular presidencial, particularmente la pregunta sobre la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional.