Existen voces y pedidos al Gobierno Nacional para que en este año 2022 se proceda a desarrollar un vasto plan de privatizaciones, precisamente, de las empresas públicas más rentables y que mayores beneficios económicos producen para el país. Con ese malévolo plan se vendería la totalidad de hidrocarburos; hasta las gasolineras de Petroecuador ya fueron privatizadas. No escaparían a las gulas privatizadoras, las telecomunicaciones, hidroeléctricas, puertos y aeropuertos, las carreteras y lo que sea rentable. En estos tiempos, privatizar se llama ‘concesionar’.
Solo que los planes privatizadores se toparían con una gran oposición de las organizaciones sociales, de trabajadores, estudiantiles, de mujeres e indígenas como la CONAIE, que está integrada por movimientos indígenas de Costa, Sierra y Oriente. Sostienen que si se privatizan los hidrocarburos subirán los precios de los combustibles, si las hidroeléctricas pasan a manos privadas subirán los costos de las planillas de consumo de la energía eléctrica, lo mismo de las planillas telefónicas y así sucesivamente. ¿Tienen razón o son especulaciones, para fraguar movimientos antigubernamentales?
Pero no se pretende sólo ‘concesionar’ las empresas públicas, sino también proceder a dictar un nuevo código laboral que restaría o suprimiría derechos del trabajador de manera inconstitucional, lo que no importa, si se satisfacen las apetencias de algunos miembros del sector empleador.
Estos son unos pocos ejemplos de las imposiciones del sistema neoliberal que, entre sus objetivos consta la reducción del tamaño del Estado, y su nula intervención en los asuntos privados. Por sus consecuencias negativas para los pueblos, el neoliberalismo ya fue suprimido en EE. UU. y en Chile. Aquí quieren imponerlo otra vez.