Pablo Granja
El próximo 20 de agosto, los habitantes del DM de Quito deberemos responder a la pregunta:
“¿Está usted de acuerdo con prohibir la explotación de minería metálica en escala artesanal, pequeña, mediana y gran escala dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?”
Existen cuatro tipos de minería metálica: la básica (cobre, plomo, zinc y estaño); la ferrosa (hierro, manganeso, molibdeno, cobalto, tungsteno, titanio, cromo); la preciosa (oro, plata, platino); y, la de radioactivos (plutonio, uranio, radio, torio). De acuerdo a una publicación auspiciada por la CEPAL, la industria minera “no puede ser reducida a criterios económicos exclusivamente puesto que los daños sociales y ambientales en las zonas afectadas no son necesariamente compensados con recursos económicos”; agregando que “Bajo criterios de sostenibilidad débil, la minería debe cumplir ciertos parámetros definidos por cuatro dimensiones de análisis: social, económica, ambiental e institucional”. Esto significa que se deben respetar tanto los derechos humanos como los de la naturaleza de las zonas afectadas.
En el 2014, se creó la Mancomunidad del Chocó Andino que tiene una superficie de 124.296 hectáreas, ubicadas al noroccidente de Quito, en donde habitan más de 3.000 especies de plantas, 640 de aves, 150 de mamíferos, 90 de reptiles y 120 de anfibios; distribuidos en 11 tipos de bosques: tropicales, lluviosos, nublados, páramos, etc. Debido a esta biodiversidad tan espléndida en el 2018, la UNESCO la declaró como la séptima reserva de la biosfera del Ecuador.
Hay 12 concesiones mineras vigentes que mantienen detenida la exploración, debido a que la Mancomunidad se opone a las actividades extractivas ya que la deforestación, la contaminación de las fuentes de agua, el tráfico de tierras y de las especies animales causarían daños irreversibles al ecosistema, además de afectar las actividades agrícolas orgánicas que ejecutan en la actualidad. Esto hace que dentro de la preservación de la biodiversidad, así como desde la perspectiva económica, existan evidentes diferencias con la explotación del crudo del Yasuní – ITT, algunas de las cuales es conveniente resaltar:
- El área de intervención de los pozos en el Yasuní es mínima, mientras que la del Chocó sería muy extensa.
- Los controles medioambientales en el Yasuní son muy estrictos y las reparaciones han mantenido intacta a la selva; en el Chocó podrían salirse de control en razón de la atomización de la minería artesanal, pequeña y hasta mediana.
- En el Yasuní se viene explotando petróleo desde hace décadas con inversiones millonarias; en el Chocó están a nivel de exploración, por lo tanto las inversiones para la explotación no han comenzado.
- La contribución de los ingresos petroleros al Estado han sido cuantiosas; suspender la explotación de crudo del ITT equivale al 10 por ciento de la producción petrolera actual.
- Las comunidades del Yasuní están a favor de la actividad petrolera, en el Chocó Andino hay una Mancomunidad de 6 parroquias que se oponen a la minería metálica.
Por esto, en la consulta votar por el ‘SÍ’ es oponerse a la minería metálica en el Chocó Andino; y ‘NO’, es estar en contra de la suspensión de la explotación petrolera del Yasuní.