César Ulloa Tapia
No hay receta perfecta para combatir la inseguridad. Cada país ha hecho lo suyo con resultados, recursos y periodos de tiempo diferenciados. En algunos casos se observa mejores rendimientos y en otros, son fatales. La discusión es interminable, porque está atravesada por aspectos estructurales, de capital social y diseño de políticas públicas. Lo más reiterativo e irresponsable es el discurso de dar plomo a todo lo que se mueve sin que se comprenda la complejidad del fenómeno, sus causas, consecuencias e involucrados.
En nuestro país habría que comenzar por respondernos, ¿por qué el crimen organizado se va tomando el Estado, cuando en situaciones peores no lo había logrado? Me refiero a las dimensiones política, económica y social. Por sentido común y sin echarle tanta cabeza, lo más cercano es que vivimos otros tiempos, están involucrados otros actores y se juegan intereses que antes eran desconocidos para nuestra sociedad. A ello habría que añadir la incidencia de las redes sociales, la ‘espectacularización del delito’ y la promoción del escalonamiento económico fácil para los jóvenes que se involucran en actividades ilícitas.
Tampoco resulta nuevo decir que el crimen organizado penetra en una sociedad con instituciones frágiles, venidas a menos y vergonzosas. Asimismo no es nuevo decir que las actividades ilícitas pagan más que las legales, y que en el laberinto del desempleo, los jóvenes que no tienen acceso al estudio y peor aún a un trabajo buscan como ganarse la vida rápido, en muchos casos, emigran porque han perdido el sentido de las cosas o se dedican al narco.
Esto no quiere decir que vivíamos en el paraíso, pero sí que la violencia en sus distintas manifestaciones no deja de ser horrorosa, exacerbada e inusual. Las masacres en las cárceles son los peores ejemplos, pero no se quedan atrás los asesinatos por sicariato y la ley del Talión. Más allá de la contabilidad, el Ecuador se supera a sí mismo en el número de muertes violentas por cada 100 mil habitantes: 15,48. La lucha contra la inseguridad debería ser el resultado de un pacto social, pero estamos lejos de la generosidad de los políticos.