Un estudio de 25 páginas preparado por el Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental y especialidades afines de la Región Norte, fue entregado al Presidente de la República y a la Presidenta de la Asamblea, con el propósito de informarles, desde el conocimiento exclusivamente técnico, lo inconveniente de buscar compañías extranjeras para los proyectos petroleros que opera la empresa Petroecuador.
En el estudio se hace una amplia y prolija demostración de que el resultado de subir unos pocos barriles más, implicaría al menos una duplicación de los costos de producción, con lo cual el Estado en lugar de tener mayores ingresos perdería, a la vez que no tendría control de la producción.
El estudio demuestra con cifras lo que ocurre en los yacimientos, siendo aleccionador lo que ocurre con el ITT. Pese a ser de reciente explotación, en apenas 44 meses la producción de este se redujo de 28 a 8 por ciento y la cantidad de agua de los pozos subió de 72 a 92 por ciento; de cada 100 barriles producidos, 87 son de agua y 13 de petróleo. Encarecer el costo con empresas privadas, que no resolverían el tema, no traerá ventaja alguna, sino la rápida extinción de yacimientos ya en decadencia.
El petróleo y los otros recursos naturales son bienes de todos, sin embargo los gobernantes generalmente los aprovechan para hacer negocios poco favorables para el beneficio colectivo. Lo adecuado sería que, de llegar empresas externas, sean para exploración de riesgo en nueva áreas para la búsqueda de nuevos yacimientos, si los hubiera. A su vez, el gobierno debería ofrecer planes concretos para el desarrollo de nuevas áreas industriales y agrícolas sustentables, lo pertinente a la realidad nacional, y no pretender hacer las cosas con una visión neoliberal sumisa, que complicará mucho la vida de los ecuatorianos y nos podría llevar a situaciones convulsas y lamentables.