A la nación le interesa una coexistencia pacífica entre sus funciones de gobierno. Es palpable que el triunfo del correísmo en la primera vuelta y en la cuota legislativa pretendía cuantificar y cualificar la elección de los dignatarios de la Asamblea, para detener en alguna forma responsabilidades judiciales de personajes salpicados por la corrupción y que obedecen a 14 años de panorama antes que oscuro, Moreno.
Está en juego la hegemonía y la idiosincrasia política del Partido Social Cristiano en Guayaquil, atenta la estocada que vive con la cuestionada actuación de la alcaldesa de Guayaquil.
Guillermo Lasso sabe y cree que CREO no podría gobernar solo y que las mayorías que cuentan, y efectivamente el Ecuador está en esa fase numérica, necesita que a ese sumatorio se transparenten los pactos llamados, irónicamente, planes de acción comunes al servicio del pueblo. Para ello voces de Pachakutik, Izquierda Democrática e Independientes irán haciendo camino al andar.
Las disposiciones invocadas no permiten amnistía ni indulto a los sentenciados por delitos contra el erario público y por ello se habría planteado organizar una ‘comisión de la verdad’ donde las resoluciones judiciales se amortigüen a fin de que la tensión baje y se pretenda dejar sin efecto sanciones que no solo hablan de privación de la libertad sino de reivindicaciones económicas mínimas que la sociedad demanda.
Al margen de la voluntad individual y global de los ecuatorianos y al margen de la elección y posesión de las autoridades legislativas, es hora de que todos los ecuatorianos estemos vigilantes y hagamos la ‘gran comisión de la verdad’ para demandar, de todas las funciones del Estado, el cumplimiento de deberes y obligaciones de orden ético, constitucional y legal; recordando que no hay ni tres ni cinco poderes, hay cinco funciones del Estado, independientes y un solo poder que ejerce el pueblo.