Paco Moncayo Gallegos
Por fin una luz de esperanza rasga el velo ominoso de oscuridad tendido por la corrupción política sobre el horizonte moral de la Patria ecuatoriana. Lo que era una verdad a todas luces, la corrupción de mandatarios que traicionaron la confianza depositada en ellos por un pueblo anhelante de cambios radicales, para mejorar las condiciones precarias de sus existencias, comienza a mostrarse en toda su monstruosa y agobiante dimensión.
El sistema neofascista montado por quienes predicaron una revolución ciudadana, apoderándose de las banderas libertarias de Bolívar y Alfaro para finalmente traicionarlas y denigrarlas, ha derivado en esta perniciosa situación que coloca al Ecuador a la cabeza entre los países más violentos y peligrosos de la sociedad internacional; una realidad que horroriza a las personas decentes y comenzó a edificarse cuando prepotentemente le metieron la mano a la Justicia mediante leyes y concursos amañados; manipularon los procesos para tener un Contralor adecuado a sus particulares intereses; se apoderaron de la Función electoral para perpetuarse tramposamente en el poder; estatizaron la participación ciudadana con la creación de un Consejo que debía combatir la corrupción y no auparla; modificaron los directorios de las empresas estratégicas para manejar la riqueza nacional a discreción; y, promulgaron la ‘Ley mordaza’ para acallar y sancionar la crítica ciudadana.
El daño mayor lo ha experimentado la función más sensible e importante: la judicial. Coinciden varios tratadistas en afirmar que un Estado puede soportar sin consecuencias catastróficas funciones ejecutiva y legislativa malas o mediocres, pero nunca una función judicial ineficiente y, peor corrupta, porque afectaría a la esencia misma del estado de derecho y reinaría una generalizada arbitrariedad.
Es precisamente en este contexto cuando surge luminosa la figura de la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general de la Nación, una mujer valiente que cumple ejemplarmente su deber, sin arredrarse por las amenazas de la poderosa mafia narcopolítica y debe merecer, por ello, el respaldo militante de la gente de bien, conformada por la abrumadora mayoría honesta del pueblo ecuatoriano.