Paco Moncayo Gallegos
Para cuando se publique esta nota, los ecuatorianos habremos elegido ya a la persona que gobernará el país por el lapso de apenas un año y cinco meses; esto es, el tiempo que le habría correspondido hacerlo al presidente Guillermo Lasso, en condiciones normales. A la flamante autoridad le espera una tarea muy compleja. Ejercerá las exigentes funciones constitucionales en condiciones dramáticas. Enfrentará la escalada sin precedentes de la violencia incontrolable que sufrimos los ecuatorianos por obra de la narcopolítica, instalada en el país por varios años; un fenómeno de El Niño que se pronostica será muy fuerte, requerirá de recursos excepcionales; la atención de servicios básicos imprescindibles en áreas fundamentales como la educación, la salud y la seguridad tendrá que mantenerse y mejorarse; y se deberá atender compromisos financieros urgentes con la seguridad social y los gobiernos locales.
Para satisfacer tantas demandas requeriría contar con dinero que no existe, en gran parte porque fue dilapidado en quince años de gestión atrabiliaria e inepta de los recursos del pueblo ecuatoriano, a pesar de haberse contado con precios excepcionalmente altos de los hidrocarburos. Afirman los expertos que en el lapso entre 2007 y 2017, el Gobierno populista dejó alrededor de 70 mil millones de dólares por pagar para los mandatarios subsiguientes; la fatídica pandemia empeoró la situación, del mismo modo que la acción del crimen organizado. Por las antedichas razones, se calcula que el déficit fiscal del presente año alcanzará un monto de alrededor de 5 mil millones de dólares, mientras que su financiamiento se verá muy restringido por el alto riesgo país que bordea los 2.000 puntos, lo que implicaría tener que pagar un 22% de intereses en los mercados financieros.
Es obvio que el corto lapso de gestión apenas permitirá que se implementen medidas emergentes, pues se requerirá de un largo período de paz y planificada acción para salir de la agobiante crisis. Por lo anterior, es deber también de todos los ecuatorianos exigir a la persona electa una conducción política orientada a precautelar los intereses vitales de la Nación y no dar cabida a los mezquinos afanes de políticos corruptos, sentenciados en procesos jurídicamente incuestionables.