Pablo Granja
Pablo Escobar, el narcotraficante poderoso y despiadado que puso en jaque al Estado y agobiado a la sociedad civil por su violencia, se entregó a las autoridades en junio de 1991, bajo ciertas condiciones: la mediación a cargo del sacerdote García H.; sanción del Cuerpo de Élite que acabó con la vida de su primo Gustavo Gaviria; la construcción de una cárcel para él con prohibición de acceso de cualquier autoridad civil, policial o militar; el resguardo externo con varios retenes; un cordón de perros antiexplosivos y el techo de acero anti bombardeos. Para asegurar su deseo de que “prefería una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”, la Asamblea prohibió la extradición. A la cárcel llegó en helicóptero donde le esperaban su madre y su esposa, que había decorado la celda con velas, chimenea y una cama de agua frente a un ventanal para contemplar Medellín. Creyó que el encierro serviría para resarcir su deuda con la sociedad y ella podría recuperar su lugar de esposa y amante. Pero, Escobar tenía otros planes porque convirtió a La Catedral, como se denominó a su cárcel, en el cuartel general de sus operaciones, dedicando el día para sus actividades y las noches para su promiscua vida sexual. El escandaloso modo de vida – resguardado por las fuerzas del orden – se hizo insostenible por lo que el gobierno planificó el traslado a un cuartel militar, pero fue advertido por un campanero y se fugó.
En Venezuela se construyó un centro penitenciario a 140 kilómetros de Caracas, que llegó a albergar a más de 7.000 miembros de la banda ‘El Tren de Aragua’. El líder, Héctor Guerrero, transformó el recinto en una urbanización con piscina, zoológico, canchas deportivas, viviendas para los capos, gallera, varios restaurantes, una discoteca abierta al público, locales de expendio de drogas, motocicletas y armas.
Tenía su propia mega planta de generación. Para la seguridad había guardias apostados cada 100 metros, y otros que rondaban a bordo de motocicletas. Al interior se habían impuesto distintos estratos sociales, y los de menor rango debían llevar uniforme. Los reos pagaban por todo: $15 semanales para no recibir castigos corporales; $20 por una pieza individual; $30 para las visitas conyugales. Cuando el gobierno decidió intervenir con 11.000 efectivos, el líder fue alertado por un campanero y se fugó.
La Operación Metástasis, que también tuvo su campanero, impulsada por la fiscal general, expone la penetración de la corrupción en todos las instancias del Estado; casi simultáneamente se desató una sanguinaria ola de violencia que obligó al presidente Noboa a decretar el “conflicto armado interno”, equivalente a una declaración de guerra contra el crimen organizado, con un resultado asombroso: en tres semanas se han realizado 63.395 operativos, apresado a 5.197 personas, incautado 42 toneladas de droga, dinero, embarcaciones y vehículos; así como gran cantidad de armas, municiones y explosivos.
También se conocieron las condiciones al interior de las cárceles controladas íntegramente por los líderes de las bandas, que ha servido para ratificar certezas y plantear nuevos desafíos. Empezando por comprobar lo desastroso que resultó segmentarlos en los pabellones y tratarlos como a ‘boy scouts’; quedó en evidencia que era necesario decisión y coraje para retomar el control de las cárceles. Está pendiente de esclarecer desde cuándo y quiénes permitieron los privilegios al interior de las prisiones, las celdas VIP, la comunicación satelital, comisariatos, criaderos de animales y piscinas. Queda la certeza de que se debe reorganizar los organismos de inteligencia, la administración y control de las cárceles y la depuración urgente de la Función Judicial.
Pero la guerra cuesta, y la forma de financiarla propuesta por el presidente sus aliados no quieren respaldar, a pesar que ellos mismos aplicaron medidas similares en su momento. Tampoco se entiende que un día lo apoyan y al siguiente pretendan insultarlo. Estos desequilibrios emocionales llevan a la conclusión de que con amigos así, ¿quién necesita enemigos?