Wellington Toapanta
No hay Estado sin estructura socio-económica-jurídica-política. En estas horas de creciente inseguridad, aflora que el Ecuador se encamina a ser narcoEstado. La afirmación, que parece especulativa, tendría soporte jurídico-político, desde 2008.
La población se estremece con miedo, zozobra e incertidumbre. Recuerdan días de infección y propagación de la Covid-19, en 2020. Casi todos estuvimos en confinamiento. Se deprimieron las relaciones económicas sociales. Esas condiciones, progresivamente, se restablecen en octubre de 2022.
Es verdadera aventura caminar por las calles. Hay temor de ir a clases presenciales. Una autoridad pública reduce la jornada laboral. Negocios incrementan medidas de seguridad; muchos cierran antes de terminar la tarde. Mengua la vida nocturna. Se exige más efectivos, con armas sofisticadas, en las urbes. Todos pretenden respuestas del gobierno, socavan responsabilidades de la Asamblea Nacional, de la Justicia, de los ciudadanos.
Trastabillan signos de recuperación económica y social, en el generalizado ambiente de ansiedad, al que, subterráneamente, alimentarían ciertas organizaciones políticas y sociales. Hay amenazas de nuevas movilizaciones. Es nimia la agenda legislativa proseguridad, en la que, impaciente, transita la destitución presidencial.
La eventualidad de que el Ecuador se convierta en narcoEstado, parece ser real. Parece lejana la alerta expuesta en sociedades de otras latitudes. Existen alarmas en Holanda y Bélgica: “los criminales han pasado de ajustar cuentas entre sus miembros o rivales a desafiar a la democracia”. ¿Qué incidencia tiene la captura, en Ecuador, de cargamentos de droga a esos destinos?
¿Hay desafío a la democracia en el Ecuador? Podría decirse que sí. Razones jurídicas estarían en la Constitución del 2008, instituida por fuerza populista y anuencia ciudadana. El Art. 364 determina que “las adicciones son un problema de salud pública (…). En ningún caso se permitirá su criminalización, ni se vulnerarán sus derechos constitucionales”.
¿Así se institucionalizó el mercado y el tráfico de estupefacientes? El 17 de junio de 2013, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) complementó el porte y consumo de drogas, invocando el citado artículo.
Paralela a la legalización del porte y consumo, se dio movilidad a grandes mercaderes, sin restricciones. El Art. 416.6 “Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta”; el 9 garantiza que “las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos, de acuerdo a la Constitución”; el 40 “reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”. Desde 2012 la Policía perdió el control migratorio.
¿Resultados? ‘Infiltrados’ en movilizaciones. La organización venezolana Tren de Aragua se extiende en el país. ¿Compite con las mexicanas Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, con activos nexos locales? ¿La Constitución de 2008, es soporte, para que el Ecuador camine a ser narcoEstado?