Milica Pandzic
Los negocios del presidente Daniel Noboa y su familia dejan de ser un tema privado y se convierten en un asunto de interés público cuando existen denuncias de un posible tráfico de influencias; denuncias de que su proyecto inmobiliario en Olón podría configurar un delito ambiental; y, denuncias del uso de la fuerza policial y militar contra los comuneros y protestantes en Olón.
Desde el oficialismo, se ha tratado de minimizar la situación de la forma más torpe posible. Un par de días de silencio seguidos por penosas declaraciones del Presidente, de la Ministra del Interior, de la Secretaría de Comunicación, y de la jefa de la bancada oficialista; quienes no han podido articular un mensaje que efectivamente aborde las numerosas dudas que existen alrededor del proyecto y que genere confianza en la ciudadanía. Al contrario, han tomado la desgastada excusa de que todo forma parte de un “ataque político”, de una “campaña anticipada”, ignorando que mientras más tiempo pase sin explicaciones y sin pruebas a su favor, más se arriesgan a perder el frágil capital político que su proyecto mantiene.
Tampoco hemos recibido una respuesta técnica del Ministerio de Ambiente; lo que a este punto sería pedirle peras al olmo, pues su titular, Sade Fritschi, ha demostrado reiteradamente su incapacidad para ejercer dicho cargo y, probablemente, como hemos visto en sus comparecencias a la Asamblea, entre todas las cosas que no sabe o no entiende también esté la gravedad de la situación que está enfrentando.
Este no es un tema que se olvidará fácilmente, y los ecuatorianos merecemos respuestas oportunas y directas. Estamos cansados de políticos que se benefician y se sirven del poder, atropellando los derechos de los demás, y lo mínimo que requerimos es un