El caso de Echo Olón despierta incómodas y justificadas suspicacias que, desde un inicio, el Gobierno debió haber tomado mucho más en serio. El elemento ecológico y ambiental siempre es llamativo y aglutinante, pero en esto, un proyecto tan pequeño, dista mucho de ser el más trascendental. El factor verdaderamente preocupante tiene que ver con la pulcritud en el manejo del Estado y la posibilidad de que estemos ante un régimen sumido en un conflicto de interés o, peor aún, ante funcionarios que emplean la maquinaria burocrática para favorecer sus intereses económicos particulares.
Una denuncia de semejantes proporciones, que menciona además a varios de los principales cuadros del Gobierno, merecía una respuesta articulada y solvente. En lugar de ello, el mandatario y su equipo han procedido con la misma receta displicente que, a estas alturas, la ciudadanía ya conoce de sobra. Parcos pronunciamientos en redes sociales, indirectas sarcásticas en improvisadas declaraciones a los medios y apresuradas acusaciones a miembros de otras tendencias políticas han constituido la única reacción del Ejecutivo. A ello, se suman aseveraciones dispersas e incluso contradictorias que, al respecto, han hecho otros miembros del Gabinete. Han optado por dejar el tema en manos de la Fiscalía —ya de por sí inundada de casos—, como si se tratase de un tema únicamente legal, cuando es ante todo uno de ética, influencia e imagen pública.
El silencio presidencial ante un tema tan delicado resulta absolutamente inapropiado. El país necesita tener plena confianza en la integridad del Primer Mandatario, su esposa y su gabinete, y crisis como ésta ofrecen valiosas oportunidades para reforzarla. Pero para ello hay que hablar seriamente.