Paco Moncayo Gallegos
La democracia implica la participación y representación del pueblo en el ejercicio del poder; en ese sentido, las consultas populares y referendos constituyen mecanismos válidos —como formas de expresión soberana de la ciudadanía sobre asuntos sometidos a su discernimiento—; sin embargo, estas como otras instituciones, se han visto deformadas por el uso que hacen de ellas gobiernos que pretenden estabilizarse en el ejercicio del poder o encontrar vías rápidas para imponer determinadas políticas públicas.
Fue válida la consulta de 1978 en la que el pueblo escogió entre dos textos constitucionales, en el camino para volver a vivir en democracia; cuando en 1986, el presidente Febres Cordero preguntó sobre la participación de los ’independientes’ en los comicios, la respuesta fue un contundente ‘No’, como una expresión de rechazo al mandatario; lo curioso es que el pueblo dijo ‘Sí’ a la misma pregunta cuando la presentó Sixto Durán Ballén, en 1994, junto a otros seis temas; año seguido, a pesar de su exitosa conducción del conflicto internacional, el país le respondió ‘No’ a las 11 preguntas; después del derrocamiento del presidente Bucaram, Fabián Alarcón quiso legitimar su cuestionado ascenso al poder en 1997; algo similar sucedió con Alfredo Palacio el año 2006.
Llegó el socialismo del siglo XXI con una propuesta democrática que inmediatamente reemplazó por el modelo absolutista del chavismo y realizó cuatro consultas: el 2007 para convocar a una Asamblea Constituyente y el 2008 para aprobar la nueva Carta Magna; el referéndum y consulta de 2011 con la clara intención de ‘meterle la mano a la justicia’ y acallar a los medios de comunicación; finalmente, en 2017, como respuesta al escándalo de los documentos de Panamá sobre controles fiscales. En 2018, Lenin Moreno utilizó este recurso con el fin de reformar la institucionalidad totalitaria de Correa.
Como se advierte, había experiencias suficientes que el ‘círculo íntimo’ del gobierno del presidente Lasso debió haber considerado profundamente, antes de una propuesta que, respondida negativamente, afecta intereses vitales del país en temas de seguridad y reordenamiento político, tanto como a la propia legitimidad del Ejecutivo.