Paco Moncayo Gallegos
Los graves problemas que a diario escandalizan a la comunidad y que han convertido a la otrora isla de paz en un territorio de violencia, son solamente los síntomas de la grave realidad que soporta el pueblo ecuatoriano. Las respuestas orientadas a relevar a los mandos policiales o destituir a funcionarios, presuntamente responsables de traumáticos acontecimientos coyunturales, lejos de solucionar la compleja problemática, la agrava.
Las situaciones de riesgo son multicausales, y así deben ser enfrentadas. Se derivan de desigualdades sociales y económicas, agravadas por la pandemia, de la existencia de una cultura que tolera y fomenta la violencia (en especial la intrafamiliar, de género y el maltrato infantil y juvenil), del debilitamiento de una cultura ciudadana de solidaridad, paz, convivencia y respeto hacia lo público, entre las más significativas dolencias sociales. La violencia doméstica y la violencia social son prácticas generalmente aprendidas en el mismo hogar, que se transmiten de generación en generación.
Con un diagnóstico preciso de la situación, a inicios del presente siglo, la Municipalidad de Quito puso en práctica un Plan de Seguridad y Convivencia, con programas y proyectos que resultaron efectivos, apoyados en una sólida estructura de participación, conformada por un Consejo Metropolitano de Seguridad, asambleas en cada una de las administraciones zonales y comités barriales.
Entre los proyectos destacó el denominado ‘Las Tres Manuelas’, diseñado para la detección temprana y la atención especializada de casos de violencia doméstica. Estuvo conformado por ocho Centros Metropolitanos de Equidad y Justicia (uno en cada Administración Zonal), incluía atención psicológica, médica y soporte legal a las víctimas, pero también tribunales de mediación, con el fin de disminuir las tensiones sociales, los niveles de conflictividad en los hogares y alcanzar soluciones pacíficas de los conflictos.
Una vez que ha iniciado el proceso para elegir autoridades locales, es imprescindible exigir de los candidatos la presentación de sus planes y proyectos para enfrentar la inseguridad, el mal mayor que afecta a los ecuatorianos.