El primero de marzo del 2022 más de 400 médicos fueron desvinculados en el IESS y lo mismo ha sucedido con más de 1000 sanitarios en el último año. Aún está pendiente una explicación de parte de las máximas autoridades, quienes no han podido presentar un análisis técnico que justifique estas desvinculaciones. Las atribuyen simplemente a un fin de contrato, basándose en el derogatorio de la ley humanitaria y el artículo 25 por la Corte Nacional.
Frente a esta decisión, es importante considerar que gran parte del personal desvinculado estaba amparado por la LOSEP, en la que se plantea que, con más de 2 contratos provisionales en un mismo periodo y en la misma función el personal se convierte en una necesidad permanente de la institución. En otros casos, se desvinculó a personas que tenían acciones de protección ganadas y entregadas por el juez competente.
A esto se suma la necesidad de mantener al personal médico, ante las brechas de sanitarios que existe desde antes de la pandemia. La realidad ya establecía una necesidad para acercarse a lo que estipula la Organización Mundial de la Salud, para garantizar una atención apegada a la norma técnica de calidad y necesidades poblacionales.
Cabe mencionar que para las desvinculaciones tampoco se analizó las necesidades locales e institucionales, provinciales y epidemiológicas de la realidad que se vive en los diferentes centros de salud. Ni siquiera se consideró que varias personas laboraban en unidades de atención directa, áreas críticas y con las diferentes especialidades médicas con agendas de meses por cumplir.
Se suma a esta crisis la escasez de medicamentos e insumos esenciales tan básicos como analgésicos y tan esenciales como antibióticos, entre otros. Sin duda esto desencadena diversas situaciones; aumentos de las derivaciones, complicaciones de las enfermedades, aumentos en las hospitalizaciones, congestión y caos, ante lo que el único afectado es el usuario.
Lo más lamentable de todo es que no se plantean salidas que respondan a un análisis técnico. Los perfiles jerárquicos en las unidades en muchas instituciones no poseen la formación ni preparación para optimizar el recurso. No se plantean soluciones que favorezcan al personal y a la población en general.