La democracia tiene entre sus principios consagratorios el de la división de poderes, el balance de un sistema de “pesos y contrapesos” que evita la interferencia de un poder del Estado en el otro, que propicia un equilibrio con controles mutuos para evitar el autoritarismo y que se cometan los abusos que se generan en gobiernos unipersonales, que se creen con un llamado mesiánico a gobernar y a salvar a sus pueblos, cuando lo único que consiguen es acumulación de poder y el predominio de la corrupción.
El nuevo gobierno tiene tareas fundamentales, luego de diez años de un régimen autocrático, seguido por uno de transición que duró cuatro años y que se mantuvo en medio de crisis continuas.
Un elemento diferenciador de la democracia es precisamente la división de los poderes clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial. Por más que en nuestra Constitución del 2008 se crearon otros dos, cuestionados desde sus inicios, más aún el de transparencia y control social, representado por lo que se ha denominado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hoy, buena parte de la ciudadanía demanda su extinción, tanto por el mal desempeño como por la injerencia notoria del poder ejecutivo.
El pueblo apreciará que la división de poderes sea clara, que el poder legislativo se dedique a hacer leyes y a fiscalizar, que el judicial tome en serio su independencia para evitar que los otros sectores interfieran en su trabajo de juzgar, así como el ejecutivo, dentro de nuestro sistema presidencialista, planifique y ejecute obras, dejando a otros el control y fiscalización.
Si cada uno hace lo que le corresponde, si el Estado crea las condiciones adecuadas que garanticen educación, salud, seguridad y empleo digno, podemos avizorar un futuro luminoso para el país. Para ello hay mucho que enmendar, muchas cosas deben ser encausadas y en esa tarea sustancial debemos todos estar comprometidos.