Todos los políticos se llenan la boca cuando hablan de la educación. Se convierte en una de las armas con las que enfrentan a sus opositores, ubicándola en lugares estelares, como en realidad debería ser. Hablan de mejorar la infraestructura, los planes y programas, la capacitación a los docentes, de un sueldo digno para los profesores; en fin, de una serie de promesas que nunca se cumplen y, ciertamente que la educación debería ser una de las prioridades en el desarrollo de los pueblos; pero, a la hora de la hora, es soslayada por todos los poderes.
Los avatares políticos terminan copando la atención y la sobrevivencia de los mandatarios que por cualquier medio deben pactar con todo bando con tal de mantenerse en el cargo y, de alguna forma, poder gobernar.
El problema de la educación en Ecuador es muy grave, tiene varias aristas y no es comparable con las circunstancias del primer mundo o de los países europeos, empezando porque somos una población mayoritariamente mestiza, cosa que nos hace sucumbir en el afán de ser un poco menos tostados y por cualquier medio, sobre todo económico, compensar esa falta de ojos azules o verdes, de pelo rubio, tez blanca y por tanto hacer todos los esfuerzos para matricular a los hijos en colegios de “renombre social”, con tal de lograr un estatus que les haga sentir menos mestizos, un poco más blancos. Esta razón impide una sectorización de la educación, pues ciertos progenitores prefieren viajar un par de horas hasta llegar al colegio que suponen es el adecuado para el “estatus social” de sus hijos.
La educación pública debería ser la primera, tener la mejor logística, maestros, laboratorios y superar a la privada que en muchos casos, salvando las excepciones, se convierte en un negocio, por negocio que se inventa pedagogías extrañas, oferta deberes dirigidos, extracurriculares, todo para captar la atención de sus clientes y lograr padres cada vez más despreocupados de sus hijos, que terminan considerando a la educación como un servicio más, similar a cualquier otro consumo, como el supermercado, la telefonía, la vestimenta, en los que siempre hay que sacar tajada, porque cuestan, con el peligro de suponer que se gana un año escolar gracias al pago de una colegiatura y suponer que los maestros son una especie de sirvientes de sus hijos.
La educación básica y el bachillerato, que gradúa bachilleres no técnicos, debe enseñar a estudiar, a escribir con criterio un ensayo, a citar fuentes bibliográficas, a cultivar la lectura. Debería un estudiante que termina el colegio ser definitivamente bilingüe, después de 13 años de estudios y afrontar la universidad con solvencia, sin hacer de ella una extensión del colegio.
La universidad, por su parte, a partir de la vocación de sus interesados, deberá considerar a los mejores estudiantes para las carreras de largo aliento y ofertar también tecnologías y estudios intermedios que le pongan al profesional con prontitud en el mercado laboral o en sus propios emprendimientos.
Definitivamente, si los gobiernos no apuestan por una educación pública de calidad y no norman la vida académica privada dentro de la seriedad y la ética social, seguiremos a la deriva y con los asambleístas que tenemos.