Cada vez que se realizan elecciones, se asume que los candidatos cumplirán lo que prometen, sus ofertas de campaña, aunque frecuentemente—como no tardamos en constatar— esas aspiraciones se ven defraudadas. Pero a lo que no podemos acostumbrarnos, por más que se repita una y otra vez, es a los comportamientos evidentemente deshonestos de quienes gozan o han gozado de la adhesión popular.
Si el mandato del pueblo, consagrado en la norma máxima que rige dentro de un régimen constitucional, es, para la legislatura, el de legislar y fiscalizar, ¿por qué se evade siempre estas funciones y se busca distorsionar la ley? La búsqueda de prebendas a cambio de los votos que se requieren para tomar las decisiones, sean para confirmar lo que plantea el ejecutivo o para negarlo, es una de las prácticas más perniciosas en una democracia.
Exigir pagos en dinero, en cargos, en exenciones, en nombramientos burocráticos para definir un voto no solamente está penado por la ley, sino que debería acarrear el descrédito de quienes están inmersos en estas maniobras, de tal manera que se les impida volver a ser candidatos. De serlo, los votantes podrían sancionar a los delincuentes de cuello blanco negándoles su voto en las urnas.
Desafortunadamente, parecería que en el país impera una amnesia colectiva que hace que reiteradamente se elija a quienes no merecen la confianza popular. Los votantes se dejan embaucar por la propaganda y la repetición de mentiras que ahora adquieren un eco singular a través de las redes sociales, e incurren en los mismos errores una y otra vez.
La víctima de estas prácticas deshonestas es el conjunto del pueblo ecuatoriano, que no ve satisfechas sus necesidades ni aspiraciones y asiste con incomprensible reiteración a este circo en el que se transforma la política nacional, con las graves consecuencias de ser parte de un estado fallido que no crea un futuro razonable para sus integrantes.
¿Nos quedaremos otra vez impasibles frente a lo que ocurre? ¿Seguiremos cometiendo los mismos errores en las urnas? ¿Estará la función judicial a la altura de las circunstancias? El desenlace de estos capítulos puede dejarnos otra vez con el sabor amargo de la decepción y la impotencia que conducen al escepticismo y a la inacción.