José Alvear
El problema sigue latente. La crisis en el sector energético no tiene soluciones. La ministra del ramo, Andrea Arrobo, hasta el momento no ha entregado la hoja de ruta clara para salir de esta situación. Pierde tiempo valioso sin dar respuestas o llamar a acciones. Este periodo de gobierno es tan corto que amerita acciones rápidas y contundentes.
Y, ojalá no nos salgan con la respuesta fácil: que en marzo todo se arregla, porque para esa fecha el estiaje termina.
Sabemos que se barajan algunas alternativas a la crisis eléctrica como la energía eólica, o fotovoltaica e incluso la proveniente del hidrógeno. El problema es que esas energías limpias no nos garantizan la potencia constante y la energía competitiva que se necesita en el Ecuador para reactivar el aparato productivo y avanzar hacia la construcción de un país más productivo y competitivo.
Es fundamental enfocarnos en el gas natural, que es el único combustible que nos garantizará seguridad energética. Incluso en la última convención de la COP 28, se ratifica este punto. Es hora de avanzar, dejar atrás el diésel y el fuel oil. Es vergonzoso saber que Ecuador es el único país que no explota ni comercializa gas natural y actualmente es la única nación del continente que sufre apagones.
Estos apagones se suman al problema más grave que atraviesa el país: la violencia que se desborda. Vimos, hace pocos días, aterrorizados el vil crimen contra cuatro niños en Guayaquil, además del secuestro de Colin Armstrong, excónsul honorario de Reino Unido. Demostrando que estamos en una mezcla de ciudad gótica y las novelas del desaparecido capo del narcotráfico colombiano, Pablo Escobar.
En este contexto, la propuesta de construir cárceles de máxima seguridad para los presos más peligrosos resulta insuficiente. Esto no logrará disminuir la violencia. Una verdadera solución para hacerle frente a las bandas criminales y a la delincuencia es la pena de muerte, para sicarios, pedófilos y secuestradores. La premisa para ello se centra en que quien cruza la línea y atenta contra los derechos humanos de un tercero pierde automáticamente los suyos. Hasta ahora nadie se ha animado a activar esta propuesta aunque el país lo pide a gritos en las calles.
Menos Estado, más libertad.