Wellington Toapanta
Parece que la delincuencia organizada ya ha penetrado todas las estructuras del Estado. La zozobra nacional revelaría los efectos de la milimétrica reestructuración de las Funciones del Estado, de perforar sectores económicos y sociales, de fracturar organizaciones políticas, de subordinar a ciudadanos con canonjías gubernamentales desde el 2007.
Las raíces podrían estar en las mutaciones de los sistemas jurídicos-políticos-educativos. En 1978 se estableció el régimen de partidos; de los iniciales 15, sobreviven 3, devenidos en estructuras de alquiler: PSC, UP y PSE que no aspiran a la presidencia en las próximas elecciones.
En las actuales 279 organizaciones políticas es ralo ubicar sustento ideológico y doctrinario, son huérfanas de estudios sobre realidad nacional, militancia, vida partidaria; sobreviven regentados por “dueños”, caudillos e inesperados adherentes, han posicionado el mercantilismo político, cuyos objetivos no serían servir al país, sino servirse de él, con sus adeptos.
Una encuesta divulgada del Latinobarómetro revela que el 87% de ecuatorianos no está satisfecho con la democracia, el 59% estima que la democracia puede funcionar sin organizaciones políticas, y el 58% es favorable para que sea un gobierno de facto quien resuelva los problemas nacionales. Dramático. ¿Está en picada el civismo?
En redes sociales hubo forcejeo por decires del vicepresidenciable de la ‘Revolución Ciudadana’, proponiendo que “vamos a armar la mesa de justicia, lo ha dicho Luisa González con firmeza, y vamos a sentarnos a la mesa con los diez más buscados de cada provincia para empezar a poner orden en todo el país”, como también “vamos a poner orden en la justicia porque hay jueces que liberan a los delincuentes y es porque no quieren coordinar”.
¡Repudiable! Con ‘firmeza’, serían 240 delincuentes, más buscados en el Ecuador, quienes decidirían el ‘orden en todo el país’; no serían pruebas acusatorias las que decidan penalizaciones, sino “coordinaciones”.
El estado de miedo y temor se ha instalado tras un proceso de casi 15 años. Impostergable decisión es iniciar su reversión con activa participación ciudadana, desmontando el sistema jurídico que lo ampara, reemplazándolo , como panacea, con la Constitución de 1998.