Manuel Castro M.
En medio de un juicio político al presidente Lasso que no concluyó, de la disolución de la Asamblea Nacional y de elecciones anticipadas se ha reiniciado, por disposición de la Corte Constitucional, el tema de la compra de siete helicópteros indios Dhruv, del asesinato del general Gabela, quien denunció irregularidades técnicas y económicas en la compra de dichos naves, que se cumplieron exactamente, con accidentes que costaron vidas y daños económicos, por más que se argumentó que estaban debidamente asegurados, lo cual es irrelevante, pues lo importante eran que sean útiles para lo que estaban destinados.
El tema central que tiene a todos atentos —y quién sabe si a algunos asustados—, es que el perito Meza ha venido al Ecuador a reconstruir el tercer producto del informe, que las autoridades anteriores lo habían perdido inexplicablemente, en el que —Meza afirma— constan los nombres de los posiblemente autores intelectuales del crimen, cuya copia no la tiene porque en el contrato con el gobierno de Correa había una cláusula de reserva. Pero con seguridad esa conclusión la tiene por lo menos en su memoria.
Dice una frase castellana: “No hay cosa encubierta que no se descubra”. Como dicho informe se presentará con certeza antes de las elecciones tendrá consecuencias políticas y penales, pues si existen posibles responsables pondrán el grito en el cielo (con igual fuerza se defiende el inocente como el culpable), de igual manera ya sea por gestión de la valiente viuda del general Gabela o por iniciativa propia el asunto terminará en la Fiscalía General, donde se la combate con toda clase argumentos a su titular doctora Diana Salazar, a fin de cesarle en dicha función, magistrada que goza de inmensa aceptación pública.
Desde luego hay la presunción de inocencia como garantía constitucional, investigación fiscal, aporte de pruebas y evidencias, un debido proceso, esto es, competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades juzgadoras. Mas ha habido demasiado secretismo sobre el tema, se han adelantado conclusiones sobre el crimen (se afirmó que era causado por la delincuencia común), que exige que su esclarecimiento se lo haga con eficiencia y honestidad, prescindiendo de fáciles argucias políticas o de condenas anticipadas.