Estamos en una plena y peligrosa erupción social, no por esperada menos trágica. Parejo al combate de la pandemia, el presidente Guillermo Lasso tiene sobre la mesa una masacre carcelaria sin precedentes y el rechazo a su proyecto de ley para combatir al desempleo. Sin duda, dos frentes igualmente complejos para cualquier gobierno. “El Estado ecuatoriano va a actuar, debemos actuar”, dijo el mandatario ante la crisis carcelaria.
Entonces declaró el estado de excepción en las prisiones. Pero en los últimos meses se registra un aumento disparado de muertes violentas, de los homicidios y asesinatos, de los robos, de las mafias y el tráfico de drogas y de armas. Ante tal desbordamiento delincuencial, el Ejército ha sido movilizado en auxilio de la Policía. Mientras, en la Asamblea Nacional hay quienes practican la política del avestruz y no tienen en cuenta que la estabilidad viene del consenso y no del culto del conflicto.
Para el presidente Lasso ambos frentes ponen a prueba su capacidad de ejecución con determinación, eficacia, energía y, al mismo tiempo, capacidad negociadora. Ante todo, le toca gobernar para el interés general, no para el político. En este contexto, amedrentar al Gobierno es un golpe bajo contra todos los ciudadanos.
El curso político en el que estamos inmersos no será fácil para el Presidente. En ambos hechos hay influencias y factores externos que buscan la desestabilización. En Ecuador carecemos de líderes sólidos y nos sobran populistas de todo género. En efecto, el Estado ecuatoriano debe actuar sin miramientos en los dos escenarios.
Hay que echar mano a la valentía, del coraje necesario para asumir el peso de la responsabilidad. La situación en el sistema penitenciario se ve como insostenible, por más que se le destinen recursos humanos y financieros. Y es que en la pobreza está la causa principal, contra la que no valen medidas coyunturales, sino estratégicas y sostenibles.