Al adherir al Ecuador a la CONVEMAR, el presidente Correa despojó al país de las 200 millas de mar territorial. Hoy ocurre que, poderosas flotas extranjeras, acaban con la vida marina. En el año 2022 termina el plazo para que Ecuador denuncie este tratado internacional. La lucha de Galápagos Vive, apoyada por numerosos sectores de la sociedad civil, defiende la soberanía nacional y se mantiene firme, frente a gobiernos y asambleístas entreguistas que, seguramente, desconocen el mandato del artículo 4 de la Constitución.
En la COP26, la Conferencia de la ONU sobre el cambio climático que puede liquidar al planeta y la vida con huracanes y tornados destructores, con lluvias torrenciales que arrasan con todo en diversos países, incluido el Ecuador, o con sequías que provocan pavorosos incendios y la inconsciente especie humana que tala bosques y selvas o que emite CO2 que destruye el aire. Sin embargo, continúa el uso de combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón, la agricultura, la ganadería, y muchas otras actividades humanas que “emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono y el metano, que llegan a la atmósfera y retienen el calor en la Tierra, causando un aumento anormal y peligroso de la temperatura mundial, al que se le ha dado el nombre de calentamiento global”.
En la COP26, el presidente Lasso anunció que se crea una nueva reserva marina en Galápagos que se financiará con un canje de deuda externa de bonos emitidos por el Ecuador. La nueva reserva marina tendrá 60 mil kilómetros cuadrados, pero se mantiene al país dentro de la CONVEMAR, sin las 200 millas de mar territorial. Es importante el anuncio del presidente Lasso, pero mucho más sería si se recuperan las 200 millas de mar territorial.