Franklin Barriga López
En Mérida, Yucatán, México, en diciembre del 2003, se realizó la conferencia de la ONU en la que se suscribió la Convención Contra la Corrupción. Por haberse detectado su gravedad para los países, debido a los problemas y amenazas que produce, los representantes de los Estados coincidieron en señalar que este fenómeno atenta a la estabilidad y seguridad de la sociedad, al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.
Se consideró, además, que tiene vínculos con otras formas de delincuencia, en particular con la organizada, incluido el enriquecimiento personal ilícito y el blanqueo de dinero, que no es solamente un problema local por cuanto se ha convertido en transnacional que afecta a todos los países y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella. Con estos antecedentes que son reales y de diaria comprobación, la ONU resolvió promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir eficaz y eficientemente la corrupción.
En esta corriente, amparada por los más nobles preceptos, se llevan a cabo hechos que han dado resultados positivos, en aplicación del instrumento mencionado y de carácter global. En Ecuador, son dignas de destacarse, en materia anticorrupción, las acciones efectuadas por la fiscal general, la Dra. Diana Salazar, quien se ha convertido en un referente en esta difícil lucha.
Basta mencionar los últimos casos (Metástasis, Purga y Plaga, en los que están prófugos, acusados e incluso en prisión jueces, fiscales, abogados, políticos, policías, funcionarios del Servicio de Retención de Privados de la Libertad) para darse cuenta de la entereza y valentía con que esta alta funcionaria viene cumpliendo sus importantes funciones. Por ello, ha sido amenazada de muerte, lo que no ha detenido su trabajo denodado y patriótico.