En la accidentada historia reciente de Ecuador, pocos episodios han sido tan teatrales como el de la censura del ex contralor subrogante. El histrionismo del individuo de marras, como el de aquellos que durante trece horas impugnaron su defensa, fue de antología.
Sin embargo, los actores de esta mediática demostraron tener una memoria corta. “Olvidaron” a los cómplices más evidentes, aquellos que por año operan detrás de las bambalinas. ¿Hubieran podido los últimos contralores cometer sus fechorías sin la colaboración de ciertos funcionarios de la institución? No faltan indicios de corrupción y desprecio a la verdad.
Sin dudas debemos reconocer lo poco que aún sabemos de este embrollo. Pero sospechamos que cada una de las resoluciones que los contralores tomaron debieron ser escritas y estructuradas por técnicos de la Contraloría. En esa institución estatal alguien debe dar una fuerte y sin contemplaciones sacudida, ya que la Asamblea Nacional en esta ocasión sólo hizo teatro.
Al examinar la Constitución, nos enteramos de las funciones que corresponden a la Contraloría General del Estado. Todo esto permite conjeturar que los excontralores, y el ejército de funcionarios a su servicio, se especializaron en socavar la democracia y violar el Estado de derecho. Son muchos los niveles de complejidad legal que amparan a esos actores que operan detrás del escenario y, como sabemos, mientras más compleja sea la norma, más fácil será burlarla.
Se ha tenido la habilidad de establecer unas reglas que apuntalan el encubrimiento y la corresponsabilidad. Pareciera que algunos en la Contraloría históricamente han gozado de un olvido sistemático del Estado. Y ahora estamos ante una debacle, con un sospechoso incendio incluido. En consecuencia, la Contraloría demanda un serio fortalecimiento institucional, pero ¿quién puede estar seguro si acabaría siendo efectivo?