MONTREAL. Los parlamentos de todo el mundo declaran cada vez con más frecuencia que las atrocidades masivas contra el pueblo uigur en la región china de Xinjiang constituyen un genocidio, una determinación respaldada de forma rotunda por un conjunto abrumador de pruebas y por el derecho internacional. A falta de un organismo internacional competente, los Estados parte de la Convención sobre el Genocidio de las Naciones Unidas de 1948 tienen la responsabilidad de prevenir y hacer que China rinda cuentas por este crimen de crímenes, garantizando la justicia para las víctimas y poniendo fin a la impunidad de los infractores.
La Convención sobre el Genocidio define el genocidio como cualquiera de los cinco actos «cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un [grupo protegido], como tal». Además de matar, estos actos incluyen causar graves daños corporales o mentales, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física total o parcial del grupo, imponer medidas de prevención de la natalidad o trasladar por la fuerza a los niños del grupo a otro grupo.
China ha cometido todos estos actos en su campaña orquestada por el Estado contra los uigures, la mayoría de ellos de forma sistemática y generalizada. Como resultado del internamiento masivo y del encarcelamiento por cargos generales, como ser «indigno de confianza», un gran número de uigures han muerto durante su detención. El gobierno chino ni siquiera perdona a los miembros uigures de toda la vida del Partido Comunista de China (PCC) o a los intelectuales a los que elogió en el pasado, desmintiendo así cualquier idea de que su detención tenga por objeto la reeducación o la inculcación de lealtad al régimen de Pekín.
Los uigures sufren condiciones inhabitables, torturas y violencia sexual dentro de los campos, y están sometidos a una esclavitud institucionalizada en toda China. Desde 2017, el gobierno ha trasladado por la fuerza a niños uigures -muchos de ellos «huérfanos» por haber perdido a ambos padres en el internamiento o en los trabajos forzados- a una red de instalaciones estatales en entornos chinos han.
El gobierno está sometiendo simultáneamente a los uigures a una esterilización forzada masiva sistemática y a políticas coercitivas de prevención de la natalidad, destruyendo la capacidad reproductiva del grupo. En 2018, el 80% de todas las colocaciones netas de DIU en China (calculadas como colocaciones menos extracciones) se colocaron en Xinjiang, una región con el 1,8% de la población total de China. Entre 2017 y 2019, la tasa de natalidad en Xinjiang se redujo casi a la mitad, la caída más extrema de este tipo en cualquier lugar desde que la ONU comenzó a registrar estas estadísticas. Más inquietante aún, el anuario estadístico de Xinjiang de 2020 no contiene datos sobre la tasa de natalidad.
El gobierno chino ha eliminado la educación uigur y ha demolido la mayoría de los lugares sagrados de Xinjiang. Altos funcionarios han dado órdenes de «erradicar los tumores», «acorralar a todos», «eliminarlos por completo» y «romper su linaje, romper sus raíces, romper sus conexiones y romper sus orígenes». Como sostuvo el Tribunal Supremo de Canadá, la incitación al genocidio es una infracción de la Convención sobre el Genocidio en sí misma. La retórica de combatir a los «extremistas» es simplemente un código para perseguir a los uigures, ya que las despiadadas políticas de China se dirigen al sur de Xinjiang, donde los uigures constituyen alrededor del 90% de la población. De hecho, el gobierno admitió públicamente que el fuerte descenso de la tasa de natalidad uigur está directamente relacionado con la política oficial de «erradicación del extremismo», que había «emancipado» a las mujeres uigures, que «ya no son máquinas de hacer bebés».
El mundo debe ver estas políticas en su totalidad, como un intento de destruir a los uigures como grupo, en su totalidad o en parte. Los supervivientes han relatado incluso que los guardias del campo decían que actuaban de acuerdo con un documento inmutable del Comité Central del PCC que estipulaba que las políticas se mantendrían hasta que los uigures «desaparecieran […] hasta que todas las nacionalidades musulmanas se extinguieran.»
Las crecientes pruebas que apoyan la determinación de genocidio no se limitan a los relatos de primera mano altamente detallados. También consiste en imágenes satelitales de más de 380 sitios de detención de Xinjiang recién construidos o ampliados desde 2017, incluyendo fábricas de trabajos forzados que cubren más de 21 millones de pies cuadrados (195,1 hectáreas). Otras imágenes satelitales rastrean la destrucción y el daño a la mayoría de los sitios sagrados de Xinjiang, incluyendo 16.000 mezquitas.
Luego están las filtraciones sin precedentes de documentos del gobierno chino, que contienen el proyecto de internamiento masivo, registros de detenciones masivas y traslados de trabajos forzados, y otras directivas de alto nivel. El hecho de que funcionarios de alto rango hayan arriesgado su vida para revelar estos documentos clasificados indica la gravedad de las atrocidades. Otros muchos han testificado, corriendo un riesgo extremo para ellos mismos y sus familias, para registrar sus relatos en la Base de Datos de Víctimas de Xinjiang, que se amplía día a día.
Los únicos tribunales internacionales que pueden conocer de casos de genocidio -la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional- no pueden ejercer su jurisdicción de forma realista en un futuro próximo. China no reconoce la autoridad de la CIJ sobre cuestiones de genocidio y no es parte de la CPI. Además, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, China puede bloquear cualquier intento de remisión a la CPI.
Mientras que una misión de investigación de la ONU podría llenar este vacío de impunidad, China ha negado a los observadores extranjeros el acceso sin restricciones a Xinjiang durante años, y ahora está negando agresivamente la existencia de cualquier atrocidad. En el último año, ha expulsado a periodistas extranjeros, ha eliminado las pruebas de Internet, ha sancionado y desprestigiado a parlamentarios y expertos, y ha dado lecciones a otros países sobre atrocidades masivas y genocidio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China llegó a calificar de «actrices» a las supervivientes de violaciones y esterilizaciones forzadas en los campos, y puso en duda su carácter.
En marzo, tras un examen independiente de la situación en Xinjiang, más de 50 expertos en derecho internacional, genocidio y la región coincidieron en que las atrocidades del Estado chino alcanzan el nivel de genocidio. Con todas las demás vías de acceso a la justicia cerradas, la responsabilidad recae en los gobiernos nacionales para hablar en nombre de las víctimas y cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención de 1948 para prevenir y poner fin a la complicidad en el genocidio.
* Exministro de Justicia y fiscal general de Canadá, presidente del Centro Raoul Wallenberg de Derechos Humanos.
↟ Asesor jurídico del Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos.
© Project Syndicate, 2021.