Paco Moncayo Gallegos
El pueblo ecuatoriano se encuentra en grave situación de riesgo. Se han sumado a los ataques implacables del crimen organizado y a las secuelas de la pandemia —que aún afectan a miles de familias que viven en pobreza y pobreza extrema— los catastróficos desastres naturales. Terremoto, erupciones volcánicas, inundaciones y el impactante deslizamiento que un aterrorizado poblador de la zona caracterizó con la frase: “El cerro se vino abajo”. Todo este sufrimiento, toda esta agonía de tantas familias, generalmente de los estratos más bajos y vulnerables de la sociedad, debería servir para que, al menos en estas circunstancias, los políticos dejen de lado la obstinada pugna que los paraliza y cumplan con su deber de velar por el ‘bien común’, última razón de ser del Estado. Pero no, por el contrario, cuando llega el presidente Guillermo Lasso a Alausí para conocer de primera mano la situación y disponer medidas emergentes, una asambleísta de UNES, sin el menor decoro, se dedica a exaltar los ánimos de la población en contra de la autoridad.
En situaciones como éstas se suele argumentar que no es el momento de hallar culpables. Pero, ¿cuántas veces, desde tantos sectores de la sociedad, no se ha reclamado una acción planificada, sistemática y permanente de la seguridad? ¿A quién le ha importado? ¿Cómo es posible que, a pesar de una advertencia hecha en diciembre del año anterior, no se hayan tomado las acciones para evitar el desastre? Es particularmente preocupante la inacción de los gobiernos municipales, responsables primarios de la prevención, conforme disposiciones del Cootad que les manda: “Implementar los sistemas de protección integral del cantón…”; “Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal”; “Formular y ejecutar políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”; y, “regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres”. Es indispensable una severa fiscalización y sanción a las autoridades responsables. Aquí no cabe perdón y olvido. Las muertes que pudieron evitarse lo reclaman.