Eduardo F. Naranjo C.
Las próximas decisiones ‘democráticas’ que los ciudadanos habremos de tomar nos ponen ante un difícil escenario. En el caso de la consulta sobre la explotación petrolera y minera encaramos una decisión crítica, considerando la importancia de mantener el ecosistema sin vulneración y reducir drásticamente los ingresos provenientes de la explotación petrolera y minera.
Actividades que tienen probabilidad de eventuales daños a la vida del planeta, quizá imponer mayores multas e impuestos podría minimizar el riesgo de potenciales daños a la biósfera, es posible pensar soluciones no radicales. Por esto nuestra próxima decisión es una disyuntiva de alta incertidumbre; los resultados en cualquiera de las opciones serán de impacto para la sociedad y su futuro.
La minería grande y pequeña se instaló en todo el territorio. Será positiva si cumple normas y el Estado recibe parte de esos recursos para revertirlos a la comunidad, pero una distribución justa de utilidades es poco probable. Dos grandes firmas de abogados, siempre contratadas, redactan los contratos, obviamente siempre muy favorables al cliente privado; la contraparte representada por funcionarios no tiene fuerza para exigir la justa participación del negocio.
Una corriente política propone reemplazar el aporte de estos recursos cobrando grandes cantidades de impuestos que están pendientes. Otra sostiene que sin los recursos petroleros quedaremos en desgracia financiera. Lo cierto es que la abrumadora propaganda persuadirá a la gente por impulso y no por conciencia y conocimiento, acciones que conducirán a tormentosos resultados en un país con alto desempleo y gente alborotada.
Cualquier resultado impactará nuestra economía y sin mayor reconocimiento de los países ricos que promueven salud planetaria sin aportar nada; por lo tanto, es momento de una decisión pragmática.