Wellington Toapanta
No cesa la lucha entre bandas armadas por controlar el, constitucionalizado y legalizado, mercado ecuatoriano de estupefacientes. Su mutuo exterminio deja víctimas colaterales, incluidos miembros de la fuerza pública. Objetivo podría ser doblegar al gobierno para lograr concesiones, como ocurre en otros países: instalar un nuevo y simulado narcoestado.
Se acentúan criterios de que ya no cabe duda de que el estado de miedo y zozobra de la población ecuatoriana responde a procesos legales articulados desde el 2008, cuando se constitucionalizó al consumo de estupefacientes como problema de salud y liberó la comercialización de los mismos, previniendo no afectar “sus derechos constitucionales”.
En contraste, la fuerza pública fue debilitada. Los protocolos operativos se redujeron a convertirla en espectadora de infinidad de transgresiones legales, imponiendo cautelas en el denominado uso progresivo de la fuerza. Disminuyó la efectividad de la formación como fuerzas de seguridad, por explícito desamparo legal. Fueron desplazadas sus operaciones de inteligencia. Opera con pertrechos obsoletos.
Para revertir tal calamitoso estado de la fuerza pública se requiere no solo voluntad política, sino también energía y decisión, para actuar con los medios legales disponibles, por ser impensable que, en ella, participe la mayoría legislativa, cuya agenda prioriza la “fiscalización” del régimen, una de cuyas voceras refunde las causas, los procesos de construcción del actual estado de cosas, espeta que “no hay gobierno”.
Así, la inédita ‘declaratoria de guerra abierta (de las bandas) contra el Estado de Derecho, el Gobierno (y los ciudadanos)’ parecería difícil enfrentarla ‘con dureza, dentro del marco de la ley’, si no se adecua esta a las necesidades básicas de seguridad, vector para toda actividad humana.
La Constitución del 2008, la mayoría de la Asamblea Nacional, evidencian ser contrarias a los intereses supremos de desarrollo y bienestar nacional. El gobierno debe tomar decisiones firmes, sin cálculos, que no sea el progresivo avance del Ecuador, cuya población debe ser llamada a las urnas, no solo para abolir dicho engendro legal, sino resarcir al país con sustancias de ética política, con representantes no vinculados al crimen organizado. No será fácil, pero la apuesta es ahora, no luego, ni más tarde. Los regueros de sangre lo exigen.
Retumban los oídos la declaración del exvicepresidente colombiano, Francisco Santos: “(Rafael) Correa sabía que las FARC estaban allá (en Angostura, 2008), y si nosotros le decíamos que íbamos a bombardear, Correa les avisaba” y, alertó que “la situación de Ecuador se puede agravar como consecuencia de las (recientes) medidas tomadas por el presidente (colombiano) Petro (…). Más cosechas de hoja de coca, mayor cantidad de droga buscará llegar a los puertos de Ecuador, si no hay respuesta ya, el narcotráfico causará, en Ecuador, un verdadero terremoto”.
No duda un candidato a alcalde de Guayaquil: “¿Cómo se puede hablar de derechos humanos para un delincuente que mata, viola, roba y pone bombas? Hay que aplicar mano dura”.