Paco Moncayo Gallegos
Heródoto, padre de la historia, guardó para la memoria universal los acontecimientos de las guerras entre el enorme Imperio persa y los victoriosos pueblos griegos, que humillaron la desmesurada arrogancia y soberbia de los persas. Tucídides, en cambio, relató el suicidio que significó para el pueblo heleno la guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas y Esparta con sus respectivas alianzas, en un conflicto mutuamente destructivo. Como la historia se repite, aunque en distintos contextos, las luchas hegemónicas enfrentaron después a romanos y cartagineses, españoles y portugueses, otomanos y europeos, británicos y franceses, los anteriores contra alemanes e italianos, japoneses y rusos, norteamericanos y japoneses, norteamericanos y soviéticos y, en nuestros días, norteamericanos y chinos. No se trata de quiénes son los buenos y quiénes los malos. Es, simplemente, la naturaleza del poder y del ser humano.
Estas reflexiones caben en estos días, cuando se debate sobre la recepción o no de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, uno de los proyectos desarrollados en el Gobierno militar, dirigido por el general Guillermo Rodríguez Lara, cuando se proyectaba convertir al Ecuador en exportador de energía a los países vecinos y, también, a Chile. Se ha criticado insistentemente el abandono de aquel plan con el propósito de beneficiar a empresas termoeléctricas, altamente contaminantes y a las barcazas que, a costos altísimos, almacenaban el gas en aguas costaneras. Se denunciaba entonces, que esos eran negocios de políticos prominentes. Ese argumento fue esgrimido por el Gobierno del presidente Correa para emprender un programa agresivo de cambio de la matriz energética, pero sin los estudios técnicos indispensables y, lo que es peor, según denuncian fuentes oficiales, mediante procesos plagados de una enorme corrupción, llevados a cabo durante los 14 años de gobiernos de Alianza PAIS.
Disponer la recepción definitiva, en estas circunstancias, sin los informes técnicos y financieros indispensables y sin un público debate nacional, con información confiable, sería un crimen contra el pueblo ecuatoriano. La Contraloría y la Fiscalía deben cumplir su función, en defensa de los intereses nacionales. No se trata de culpar alegremente a los chinos.