El exalcalde Jorge Yunda anunció, en un acto en la Tribuna del Sur, ante un grupo de transportistas, que los vehículos del transporte público y comercial ya no tendrán que cumplir con dos revisiones técnicas sino una sola en el año. El secretario de Movilidad respalda, malintencionadamente, la decisión, fundamentándose en el artículo 206 de las reformas a la Ley de Tránsito: “…los vehículos que presten el servicio de transporte de transporte público y comercial se sujetarán a una revisión técnica que será un requisito previo para el otorgamiento de la matrícula”. Nadie en la administración municipal ha justificado la irracional norma de una manera técnica.
Frente a este desatino cabe recordar el mandato constitucional: “Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”.
Adicionalmente, el Art. 424 aclara que: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”.
Lo mismo sucede con las Convenciones ambientales de las que Ecuador es parte. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas, señala una serie de metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas; entre estas: “Cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los océanos y ecosistemas terrestres.
Conforme al Art. 425 de la Constitución: “… el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales”. Lo que es más, para defender derechos humanos como los que intenta violar el señor Yunda, las obligaciones internacionales tienen primacía. Se debe exigir al Consejo Metropolitano suspender para todo efecto la malhadada disposición del Ejecutivo del Distrito Metropolitano.