César Ulloa
Ningún tipo de impunidad podría ser un acuerdo nacional y, peor aún, garantizar de esta manera la gobernabilidad de un país. Parece traído de los cabellos o, mejor dicho, es una aberración que se pretenda negociar el atraco al Estado a cambio de estabilidad política, cuando esto produjo una serie de golpes letales a los sectores más vulnerables. Por tanto, no es ningún descubrimiento científico afirmar que la corrupción perjudica a la población más pobre.
La democracia, aunque suene idílico, se fortalece con la independencia de funciones del Estado y sobre todo con un sistema de administración de justicia que sea robusto por su rigor, rapidez, universalidad, proporcionalidad, oportunidad y calidad. Lamentablemente, esta condición tampoco se cumple en el Ecuador. Y si a ello le sumamos la impunidad a los delincuentes como premio, el escenario es terrorífico. Hoy, al igual que en la década de los 2000, el regreso de otro expresidente es la agenda de un partido político.
Pasamos del “déjenlo volver” de finales de los años 90 e inicios de los 2000 a la “la patria ya es de todos”. En los dos casos, ninguno de los partidos volvió a levantar cabeza o, mejor dicho, se enterraron en sus propias cenizas, buscando alianzas con los “ángeles” y los “demonios” de todas las épocas. Nunca se produjeron procesos de renovación de liderazgos y se extinguieron en la nostalgia del líder mesías. Sin embargo, esto tampoco fortaleció a la oposición ni creó una alternativa nueva, pues la política ecuatoriana ahondó aceleradamente su mediocridad.
Los verdaderos acuerdos mínimos son el combate a la desnutrición infantil, a la falta de acceso a la educación en todos sus niveles, a las deficiencias del sistema de salud, a la podredumbre del sistema de justicia, a la corrupción devenida en impunidad, a la inseguridad, a la desorientación de las Funciones del Estado, a la falta de un sistema de partidos políticos, a la violencia generalizada en todas sus expresiones y manifestaciones. Por tanto, la impunidad nunca podría ser agenda para una ciudadanía humillada por cierta clase política, indistintamente de su signo ideológico y rostro.