Por Matías Dávila
Cuando no es culpa de nadie termina siendo culpa de todos. Ayer por la tarde tuve la oportunidad de conocer a un alto funcionario ministerial. Me hizo una delicada infidencia (me refiero a información confidencial que pone en riesgo la seguridad del Estado). Me dio acceso a este “filete” en medio de una merienda con chigüiles y un café de chuspa, ambos de la provincia de Bolívar. Por lo delicado y sensible de la información y del contexto que acabo de mencionar, no voy a dar ni la identidad del funcionario ni el nombre del ministerio. Conllevaría un inminente riesgo de que se venga abajo el sistema.
Me contaba que los procesos dentro de lo público carecen del más elemental sentido común. Que él mismo no comprende cómo, para un trámite de segundo orden, haya que mandar a un ciudadano de una ventanilla a otra, por horas —cuando la solución podría estar en un solo funcionario—, sin el mínimo respeto a las personas ni al costo que esto implica para el erario nacional, es decir, para el bolsillo de todos nosotros. Además me decía que los procesos de su trabajo se ven ralentizados todos los días por “oficios”, informes y toda clase de documentos innecesarios que van a parar, muchas veces sin ser leídos siquiera, a un cuarto con un rótulo de “Archivo, solo personal autorizado”, donde se van a enmohecer.
¿Para qué? Fácil: porque así lo dicta la disposición, la norma, el protocolo. Porque los trámites no están pensados desde la eficiencia y la lógica de mejorarnos la vida a quienes los realizamos, sino hechos al capricho de algún idiota que creyó que desfilar de ventanilla en ventanilla por un sello, por un visto bueno, por una grapa (en algunos casos), le va a dar presencia y garbo a la institución. O tal vez, porque su contrato pagó algún favor política y así fue como quiso justificar su presencia: haciéndose notar.
@matiasdavilau