Sería perverso e injusto que la captura de Germán Cáceres en Colombia —acusado del asesinato de María Belén Bernal— repercuta positivamente en la imagen de la Policía y de la Justicia de nuestro país. En un principio, el arresto del expolicía ahuyenta el fantasma de la impunidad, pero de ninguna manera repara el daño. Dar con él era una obligación, no un logro que celebrar.
Ahora viene lo verdaderamente importante. ¿Trabajará la Policía en expurgar de su sistema todos los fallos de disciplina, de códigos de comportamiento, de diseño jerárquico y de selección de personal que tornaron posible aquel trágico hecho? ¿Asumirá la Fiscalía la necesidad de capacitar a su personal, de empujar las reformas necesarias y de aprender a coordinar esfuerzos para que nunca vuelva un sospechoso a escabullirse de manera tan burda? ¿Aprenderá el Gobierno, tras la caótica gestión de crisis —llena de pasos en falso, embestidas prematuras , anuncios vacíos e ilógicos reacomodos internos— a mantener la cordura en momentos turbulentos? ¿Podrá la clase política —incluidos activistas y líderes de opinión— evitar politizar las tragedias, esparcir rumores y agitar la bandera de ‘crimen de Estado’ con tanta ligereza?
El desenlace es un recordatorio de que hoy resulta difícil escapar del brazo de la justicia, cuando esta hace su trabajo y aprovecha herramientas como la tecnología y la cooperación entre Estados.
Germán Cáceres era el tercero en la lista de los “más buscados” por crímenes de género; ¿actuará el Gobierno con similar celeridad para dar con el resto de prófugos?