Una de las más viejas y conocidas argucias para hacerse de un buen patrimonio, sin mucho esfuerzo, es saquear lo público. Algunas veces es por medio del franco robo, pero otras a través de litigios absurdos que solo buscan dotar al expolio de cierta apariencia de legalidad. Se considera que abalanzarse sobre lo privado es complicado —los legítimos propietarios suelen pelear con mayor tenacidad—; en cambio, lo público es un botín fácil porque el Estado y las autoridades se defienden poco y mal. Por eso ahora un puñado de ciudadanos, agrupados en una entidad difusa de nombre y origen busca arrebatarle a la Capital, en un solo golpe de audacia, 127 hectáreas del Parque Metropolitano Guangüiltagua —una zona de alta plusvalía—.
No se trata en absoluto de un tema de reivindicaciones históricas, comunitarias o étnicas, ni es justo aprovechar esta nueva polémica para descalificar la pertinencia de esos conceptos en nuestro ordenamiento jurídico. En este caso, la “herencia histórica” o lo “comunitario” son apenas el pretexto de turno del que los interesados echan mano ahora —gracias a los auspiciantes de siempre—, en su búsqueda de un gran golpe de suerte.
En su momento, las autoridades municipales pagaron con fondos públicos las sumas establecidas por ese parque. Si es que las autoridades no están a la altura de sus obligaciones legales y políticas en este caso —y son incapaces de hacer frente a este sinsentido a tiempo—, se sentará un peligrosísimo precedente para el país. En nombre de cualquier rebuscada reivindicación o caduco reclamo se habrá abierto la puerta para que se destace la propiedad pública en beneficio de un puñado de audaces. ¿Qué vendrá después?