El incidente que se produjo en la frontera con Colombia constituye una oportuna lección para nuestras fuerzas. Luego de que soldados ecuatorianos detuvieran a habitantes de una reserva indígena por presunta posesión de varios kilos de cocaína, Colombia protestó ante lo que juzgaban una incursión de su territorio.
Los militares protagonistas lucían convencidos de que estaban en territorio ecuatoriano; sin embargo, ni la Cancillería ni el Ministerio de Defensa de Ecuador se pronunciaron sobre esa diferencia de criterios. En contraste, llamó la atención la airada reacción colombiana y la velocidad con la que su narrativa se impuso en los medios internacionales. Una diversidad de elementos —la soberanía, el indigenismo, el ambientalismo, el antimilitarismo—, movilizaron a diferentes sectores de la opinión pública colombiana.
Se suponía que la operación había pasado por todas las instancias necesarias de comunicación y coordinación con el país vecino. Sin embargo, no se puede subestimar la amplia divergencia de criterios que existe dentro de la sociedad colombiana —incluso en gobernanzas locales con respecto a la nacional—, la escasa presencia de su Estado en muchas zonas y la penetración del crimen organizado en muchas estructuras políticas. Ello implica que, si se actúa imprudentemente, cualquier iniciativa ecuatoriana puede ser malinterpretada e instrumentalizada.
Es inevitable que, conforme la lucha contra la inseguridad se profundiza, el Ecuador se vea obligado a hacer sentir su presencia en la frontera más frecuentemente. Para ello, el entendimiento con el Estado vecino debe ser impecable y permanente.