Según la ley se considera una persona con discapacidad a “toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria”.
Se supone que la presente ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección oportuna de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República.
Si solo diéramos lectura al texto que se expresa en la ley, diríamos que es una ley que garantiza el ejercicio y aplicación de la misma. De esta forma todas las personas con discapacidad no deberían preocuparse, pero no es así.
Si desde la Asamblea se expiden leyes, se supone que estas deben aterrizar en la comunidad sin ninguna dificultad. Se supone que, quien propone una ley debió realizar algún estudio que sustente la misma; si lo hicieron, ¡pésimo trabajo! Casi en su totalidad las personas con discapacidad sienten que sus derechos son vulnerados a diario.
Por ejemplo, en educación no todos pueden acceder, en salud algunos reciben sus medicamentos y otros no; además, las dificultades para la calificación de las discapacidades: en lo laboral, empresas públicas y privadas incumpliendo el porcentaje establecido en la ley (%4); en accesibilidad, el incumplimiento de las normas INEN son frecuentes; los GADS construyen obras, inauguran vías, aprueban construcciones privadas y en ningún de estos casos se ajustan estrictamente a las normas ya establecidas en la ley respecto a la accesibilidad física.
Analicemos unas de estas dificultades. En el aspecto educativo, diríamos que la educación es un derecho consagrado en la Constitución para todos los ecuatorianos. Pese a ello, las personas con discapacidad tienen múltiples dificultades para acceder a los centros del sistema nacional educativo, sea esta educación inicial, básica, o de bachillerato. Algunos de los factores que lo impiden: la infraestructura no es accesible plenamente, sobrepoblación de alumnos en las aulas que dificulta la inclusión educativa, centros educativos que cuentan con pocas herramientas técnicas y tecnológicas, adecuaciones curriculares deficientes, modelos educativos inclusivos son generales —aquí es necesario insistir en un modelo educativo específico, por ejemplo, para las personas con discapacidades múltiples y para aquellas que por su condición no podrían ser incluidos en el sistema educativo, se debe fomentar el aprendizaje de necesidades básicas para la autonomía, convivencia social y productiva, para ello se debe contar con los espacios adecuados además de las ayudas técnicas y tecnológicas—.
Quienes llegan al sistema de educación superior comentan que todo ese esfuerzo y lucha se dio más por la persistencia de la familia, del empoderamiento de la misma persona con discapacidad y del actuar de las organizaciones sociales de donde ellas provienen. Debido a los diferentes tipos de discapacidades, las cuales por su condición demandan diferentes modelos educativos, las universidades e institutos de educación superior no pueden ofertar todas sus carreras. Ellos también enfrentan dificultades como la accesibilidad física, falta de ayudas técnicas (intérpretes para la discapacidad auditiva), programas y dispositivos tecnológicos.
Esta falta de atención de las autoridades de turno permite que el acceso a la educación sea casi imposible y se torne una afectación al derecho humano en cuanto al acceso a la educación.
Según la Ley Orgánica de Discapacidades, la autoridad educativa nacional garantizará la educación inclusiva, especial y específica, dentro del Plan Nacional de Educación mediante la implementación progresiva de programas y servicios en todos los planteles educativos.
En la provincia tsáchila existe una sola unidad de educación especial y está en la Concordia; se llama Enrique Bartolucci, en Santo Domingo. No existe ni una sola unidad de educación especial fiscal, pero sí contamos con la Unidad de Educación Especial “Fe y Alegría” la cual es fiscomisional.
¿En la provincia tsáchila quien responde? ¿Qué organismo se podrá poner al frente y exigir el cumplimento de la ley? Eso se preguntan las personas con discapacidad y las diferentes agrupaciones sociales, quienes cotidianamente son testigos directos de esta afectación en cuanto a derechos.
Bayron Francisco Sandoya Valdiviezo