¿Un estado paralelo?

Hace casi 250 años, Eugenio Espejo denunciaba la situación de las cárceles. “En vez de corregir a los detenidos, los dañaban más”, dijo. Nada cambió. No se puede hablar de la crisis carcelaria -200 asesinatos, entre febrero y septiembre de 2021- sin recordar los “elefantes blancos” de Rafael Correa. Inmensos centros de detención (Latacunga y Guayaquil) que no vigilaron prisioneros, sino que sentaron las bases para su operación delictiva.

Cuando el presidente García Moreno, en el siglo XIX, ordenó construir el panóptico (penal), quiso tener a sus enemigos en el mismo lugar. Bajo esa lógica, Rafael Correa edificó gigantescas estructuras que generaron más hacinamiento. En 2008 había alrededor de 8 mil presos y ahora se llega a más de 30 mil. En la Penitenciaría del Litoral no cabe un recluso más, además de su precariedad. Los expertos dicen que es más fácil vigilar presos en espacios pequeños. Ahora ni siquiera se puede hablar de rehabilitación.

No se debe enfrentar el problema con militares y armas ni con populismo penal: más leyes, castigos, abuso de la prisión preventiva, juicios irresueltos, presos sin sentencia por años o guías haciendo el juego a los caporales. No sirven solo estados de excepción. Como dice Ramiro García, es “delincuencia desorganizada”, porque en la cárcel se debe hablar con varios, no con uno. Además, estos grupos delincuenciales captaron poder político e influencia en el régimen de Correa.

Mientras tanto, luego de la muerte de “rasquiña” (diciembre de 2020) hay una lucha por el liderazgo criminal en la cárcel y en la calle. El negocio de la droga es muy productivo como para dejarlo a los rivales. No solo para los “Choneros”, “Chone Killers”, “Lagartos” u otras bandas sino también para los narco-carteles mexicanos (Jalisco, del Norte o Sinaloa).

Decapitados, cadáveres quemados, balaceras, drones y tecnologías de ataque. Aunque el problema está en la cárcel, puede desbordarse. En México el narco penetró al poder político y lo corrompió hasta lograr una especie de cogobierno, mientras en Colombia el Estado abandonó zonas de frontera (Venezuela y Ecuador) y dio vía libre a los disidentes de las FARC o al ELN (asociados con carteles mexicanos) para llevar la droga a EE. UU. o Europa, sin olvidar al narcoestado de Venezuela.

El riesgo sigue y requiere firmeza, pero no solo con armas, más cárceles o leyes. Si se lo enfrenta mal se puede estar creando un estado paralelo en manos de las mafias de los carteles y las bandas y quizás sea demasiado tarde cuando se quiera dar una solución.