Con la pandemia todos perdimos, pero unos perdieron más que otros. La desigualdad que ha existido en el país, desde mucho antes que la pandemia llegara, fue el detonante de un impacto diferenciado que hoy nos pasa factura. Las brechas se profundizaron y existe la amenaza latente de un retroceso de décadas en los avances sociales que se lograron en la región.
Ecuador no es la excepción. La evaluación socio-económica PDNA realizada por el Gobierno con el apoyo de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea nos proporciona una imagen de los daños causados por la pandemia en el país hasta diciembre del año pasado, y el panorama no es alentador.
Si bien los empleos perdidos se estiman en 532 mil, esta cifra no captura el grave impacto en la vida de los más vulnerables. Si hablamos de pobreza por ingresos, la pandemia causó que 1,4 millones de ecuatorianos pasaran a ser pobres, y 1,1 millones pasaran a la pobreza extrema. Al sumar esas cifras con las previamente existentes, tenemos que alrededor de 5,7 millones de ecuatorianos viven en pobreza y 2,6 millones, en pobreza extrema.
Las condiciones de vida se deterioraron en casi todo aspecto. Solo 3 de cada 10 hogares pueden pagar el costo mensual de la canasta básica familiar y se estima que 2,3 millones de ecuatorianos se encuentran en inseguridad alimentaria severa. 19 millones de atenciones de salud se dejaron de realizar. 5,3 millones de estudiantes fueron afectados en su educación por las brechas de conectividad. Las brechas y la violencia de género aumentaron.
Este no es solamente un reto económico, y si no lo abordamos en toda su amplitud, quedarán graves obstáculos para el desarrollo. Hoy, y una vez que hemos superado la emergencia, tenemos que enfrentar el costo social que nos ha dejado la pandemia.