El Estado gasta 12 veces más en el sistema de comercialización de combustibles que en ayudas sociales.
Cada año, el Estado gasta más de $3.000 millones para sostener el sistema ineficiente de comercialización de combustibles. Ese valor representa 12 veces más que lo destinado a la red de protección y ayudas sociales, o más del doble del presupuesto para salud pública.
A pesar de las presiones y amenazas de sectores políticos y sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el presidente Lasso ha recalcado que no se dará marcha atrás en el proceso de la eliminación de los subsidios a las gasolinas.
Desde hace varias semanas, los transportistas y el Gobierno han llevado a cabo mesas de diálogo para establecer la mejor opción de focalización.
Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la entrega de ayudas directas a los segmentos más pobres y los transportistas resultan mejor negocio para el país, que seguir manteniendo precios bajos para todos.
Por ejemplo, bonos adicionales para los ciudadanos de menor capacidad económica costarían entre 1% y 1,5% de los ingresos públicos, es decir, hasta $250 millones.
Asimismo, las transferencias directas a los transportistas podrían representar $200 millones adicionales.
En otras palabras, el costo total de desmontar los subsidios y dar dinero a sectores específicos (focalización) es de alrededor de $450 millones, frente a mantener un sistema cuyo peso es de más de $3.000 millones anuales.
Gobierno analiza tres opciones
Aunque todavía no hay una fecha definida para que se anuncie la opción acordada para focalizar el subsidio a los combustibles, el Gobierno analiza al menos tres posibilidades para destrabar el problema.
En primer lugar, se podría optar por el uso de tarjetas de débito con valores establecidos para cada transportista. Es decir, se fijaría un consumo mensual que se mantendría con precios subsidiados y que se cargarían en esa tarjeta para las unidades que estén registradas y sean legales en todo el país.
Iván Casanova, secretario de la Asociación de Propietarios de Gasolineras de la Provincia del Guayas Sociedad General, explicó que este mecanismo sería válido para buses y taxis, pero el saldo cargado en la tarjeta se podría utilizar no solo para consumo de combustibles, sino para otros gastos.
El dirigente recordó que un plan piloto con tarjeta ya se hizo en Cuenca, durante el anterior Gobierno, pero no se le dio seguimiento ni impulso.
Una variante de esta alternativa sería establecer precios diferenciados en las estaciones de servicios, pero las inversiones tecnológicas tendrían que ser financiadas por el Estado. En este contexto, se conoce que las autoridades están analizando la compra de un software por $ 250 millones.
Sin embargo, Casanova, consideró que el análisis debe ser más exhaustivo porque, por ejemplo, no todas las gasolineras tienen internet.
Por su parte, Oswaldo Erazo, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), puntualizó que otra opción es que los transportistas puedan pedir, mediante la presentación de las facturas de pago de combustibles, un reembolso al Estado.
Este mecanismo funcionaría como el que se aplica para la devolución del IVA, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI)
Finalmente, las ayudas directas a los sectores más pobres están incluidas en el último acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde incluso se establece que más de $500 millones de ahorro por desmontar los precios subsidiados de los combustibles deben ir a fortalecer la red de protección social y los bonos. (JS)
Se encareció más la importación
Desde el inicio del sistema de bandas, en mayo de 2020, el precio del barril importado de combustible pasó de $33,41 a $71,83. En ese mismo periodo, el precio del barril vendido dentro del país ha subido de $32,39 a $50,41.
En otras palabras, a pesar de la subida mensual del costo al consumidor (entre 3% y 5%), la gasolina extra y eco país todavía mantienen un subsidio de entre $0,25 y $0,39 por galón; mientras que para el diésel se alcanza hasta $0,84 por galón.
Oswaldo Erazo, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), plantea que se continúe con los incrementos, pero como contraparte, no se ha revisado la calidad de los combustibles y el destino del ahorro por disminución de subsidios.
De acuerdo con Erazo, hasta la fecha, no se ha cumplido con varios aspectos incluidos en los decretos que establecieron la eliminación de los precios subsidiados. Entre los principales están la libre importación de gasolinas de 87 o más octanos; las normas técnicas de emisiones con calidad Euro V.
