Pugnas en la Defensoría del Pueblo detienen los procesos

PROCESO. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, enfrenta dos juicios en su contra.
PROCESO. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, enfrenta dos juicios en su contra.

Grupos de derechos humanos aseguran que la falta de definición interna de la entidad impide resoluciones urgentes.

Este 17 de agosto se cumplen tres meses de la detención del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, y aún la dirección de la Defensoría del Pueblo (DPE) se encuentra en pugna.  Organizaciones de derechos humanos denuncian que no se puede utilizar a la DPE como un botín político.

La defensora del Pueblo (s), Zaida Rovira, asegura que no se aferra  a su cargo, pero que subrogará a Freddy Carrión hasta que se cumpla la ausencia definitiva del Defensor del Pueblo. Este se halla detenido en la cárcel 4 desde el 17 mayo, tras ser acusado de abuso sexual a la pareja de un exfuncionario.

La ausencia definitiva se cumplirá este 17 agosto y Freddy Carrión esperaba volver a su cargo antes de esta fecha. Sin embargo, esta opción quedó truncada la tarde del 10 de agosto.

El juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rojas Calle decidió llamar a juicio a Freddy Carrión por el delito de abuso sexual y ratificó la prisión preventiva en su contra.

Carrión no sólo enfrenta el juicio penal, sino también el juicio político, que se inició el 8 de agosto en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Con votación unánime, los nueve legisladores decidieron iniciar el juicio político contra Carrión, acusado de incumplir sus funciones y de no tener la probidad notoria para ejercer el cargo.

Con este escenario  se espera que tras configurarse la ausencia definitiva de Carrión, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) nombre  a una nueva autoridad que dirija a la DPE, mientras se  realiza el concurso de méritos y oposición para designar a la nueva autoridad definitiva de la Defensoría del Pueblo. (MC)

Pugna por la titularidad de la DPE

Desde el 17 de mayo, Freddy Carrión está en prisión preventiva. Esto ha generado una disputa entre Zaida Rovira y Tania Castillo, quienes buscan ocupar la titularidad subrogante de la Defensoría del Pueblo.

Rovira asumió el cargo como defensora subrogante en abril. Sin embargo, fue cesada por el mismo Carrión el 17 de junio. Un día después, Carrión nombró a Tania Castillo como defensora subrogante; pero esta designación no fue acogida porque el Defensor no podía ejercer sus funciones administrativas.

Desde ese momento, tanto Rovira como Castillo se disputan el cargo. Incluso, la fuerza pública intervino para impedir el ingreso de Castillo a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, en el norte de Quito.

Castillo basa su legalidad como defensora del Pueblo en la designación de Carrión y en la resolución no vinculante del Consejo de Participación Ciudadana que señaló: Rovira no está facultada para impedir a Freddy Carrión ejercer el cargo por circunstancias de fuerza mayor.

Por su parte, Rovira defiende su legalidad del cargo basada en el artículo 15 de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que habla sobre la ausencia definitiva y temporal de la autoridad de esta cartera de Estado. Además, Rovira alega que el accionar de Castillo busca desestabilizar la institución.

Esta disputa y los procesos en contra de su máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo han generado que se afecte la legitimidad y el trabajo de la institución, explica Luis Ángel Saavedra, director de Fundación Inredh; y Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos.

Demoras y pendientes de la DPE

Para la Alianza de Derechos Humanos esta crisis institucional que vive la Defensoría del Pueblo por el accionar de sus autoridades afecta los derechos humanos y pone en tela de duda la legitimidad de la institución.

Por ejemplo, en la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo en contra de la empresa Furukawa, acusada de esclavitud moderna, el juez solicitó al Consejo de Participación certifique quién es la defensora del Pueblo. Para Vivian Idrovo este accionar podría afectar la legitimidad de la lucha de las personas que han sido víctimas de esclavitud moderna.

Otro caso afectado por la crisis institucional de la DPE es el Proyecto de ley que regula y garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Esta propuesta fue ingresada el 28 de junio, pero hasta la fecha no ha sido calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, encargado de aprobar y designar la comisión especializada para sus análisis.

Rovira se defiende y asegura que no solo es responsabilidad de la DPE, sino que también la Asamblea tiene la obligación de dar trámite a este proceso. La Corte Constitucional dio un plazo de seis meses a estas dos entidades para gestionar el proyecto de ley. En octubre se cumple el plazo.

Un problema de raíz

En 1996 se creó la Defensoría del Pueblo, tras el derrocamiento del expresidente Abdalá Bucaram. Julio Cesar Trujillo fue nombrado como primer defensor del Pueblo, recuerda Luis Ángel Saavedra, de Inredh. Sin embargo Trujillo renunció por falta de asignación presupuestaria a la institución y la Defensoría del Pueblo pasó a manos de la bancada del Partido Social Cristiano.

En 2007 con la nueva Constituyente,  la Defensoría del Pueblo volvió a ser una institución autónoma. No obstante, esto no duró mucho.

En 2011, con la presentación del informe de criminalización de la protesta social ocurrida durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa, la Defensoría del Pueblo volvió a ser de interés del gobierno.  Ramiro Rivadeneira fue designado como defensor del Pueblo y eliminó el informe de criminalización y trabajó en función del Gobierno.

Para depurar la Defensoría, en 2018 fue designada Gina Benavides como defensora encargada hasta que se realizara el nuevo concurso. Su trabajo fue apoyado por las organizaciones de la sociedad civil; pero tampoco permaneció en el cargo.

En 2019, Freddy Carrión fue nombrado como defensor del Pueblo, pese a la impugnación en su contra por denuncia de violencia de género, explica Idrovo.

Ella asegura que las instituciones del Estado han minimizado desde el principio las acusaciones de violencia de género en contra de Carrión. “Lo han minimizado y reducido al campo personal y privado. Con ello han banalizado la violencia contra las mujeres”, dice Idrovo.

A  criterio de las organizaciones de derechos humanos, este accionar obliga a que Carrión renuncie a su cargo, pues es una  persona no proba y sin ética, lo cual le impide dirigir una institución de derechos, enfatiza.

Con ella coincide Saavedra, pero agrega que la Defensoría del Pueblo ha sido tomada como un botín político de cada Gobierno de turno para ocultar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos. Aunque precisa que en estos años ha habido intentos por devolver a la Defensoría del Pueblo su razón de ser, pero que estos no prosperan por los intereses políticos de los gobernantes. Por eso asegura que es necesario que desde la designación de la nueva autoridad de la Defensoría se garantice transparencia; aunque duda de que el actual Consejo de Participación pueda garantizar aquello.

13 delegados provinciales de la DPE fueron cesados por la dirección de Rovira y fueron reemplazados por funcionarios de carrera.
El Consejo de Participación Ciudadana también debe impulsar el concurso para la Contraloría General del Estado y el Consejo Nacional Electoral.