Hay hasta 4 denuncias por estafas piramidales al mes. Sin embargo, en el 90% de los casos no hay resultado favorable para los perjudicados.
Cada mes, en promedio, solo en la Fiscalía de Pichincha se receptan entre 24 y 40 denuncias sobre sobre estafas financieras de todo tipo. De ese total, alrededor de 3 a 4 corresponden a esquemas piramidales de supuestas “inversiones milagrosas”, como la última de Quevedo.
Antonio Verdezoto, abogado en temas financieros, explicó que esas cifras son un pálido reflejo de la realidad. Así, se debería multiplicar por tres o cuatro para llegar a la real dimensión del problema. La mayoría de los perjudicados nunca llega a denunciar.
Uno de los mayores problemas es que el 70% de las estafas se hacen a través de redes sociales y los perjudicados no tienen sustentos para probar lo sucedido. Además, los estafadores desaparecen fácilmente sin dejar rastro.
Según datos de la Policía Judicial (PJ), hasta 2019 se recibía un promedio de 25 denuncias mensuales sobre esquemas de fraude financiero. Sin embargo, en los últimos tres años se capturó a menos de 20 personas relacionadas con esos casos.
Procesos pueden demorar años
Según Verdezoto, el delito de estafa es el que encaja con casos como el de Quevedo. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la pena máxima puede llegar a los 7 a 10 años de cárcel.
Con agravantes (monto mayor a 10 salarios básicos, tercera edad), la condena puede ser de hasta 14 años.
Sin embargo, lo primero que hay que saber es que los delitos por estafa prescriben a los seis meses, por lo que se deben tomar acciones contundentes a corto plazo.
«En la mayoría de los casos, los perjudicados no tienen los sustentos necesarios para defender su caso. Un proceso puede durar dos a tres años y tener un costo económico alto», acotó Verdezoto.
En estafas por internet, una de las mayores limitantes es localizar el paradero del estafador. Y en más del 90% de los casos, las denuncias no terminan en un beneficio para el perjudicado.
Solo las inversiones legales tienen respaldo
Si una institución financiera legal quiebra, los clientes pueden recibir, en plazo máximo de 20 días desde que se inicia la liquidación, una cobertura de hasta $32.000.
A través de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede), se devuelve inmediatamente hasta ese valor; y si los montos defraudados son mayores, se debe esperar a que el liquidador establezca un cronograma de pagos.
En otras palabras, existe todo un sistema de protección a los clientes y las posibilidades de recuperar el dinero son altas. En el caso de mutualistas y cooperativas, la cobertura va de $1.000 (instituciones más pequeñas) a $32.000 (instituciones más grandes).
Pero en el caso de las «inversiones» informales, en cambio, el aparataje estatal no cobija a los perjudicados. Y la única posibilidad es seguir acciones legales contra el estafador. (JS)