La mayor amenaza para la Amazonía y los bosques primarios de nuestro ecosistema es la informalidad. Los diferentes sectores que operan sin control ni vigilancia de ningún tipo —tributaria, laboral, ecológica, técnica e incluso humanitaria— extraen de forma voraz la riqueza de dichos territorios, pero no asumen los costos que conllevan la remediación, la sostenibilidad y, especialmente, la solidaridad con el resto de la sociedad y las futuras generaciones. Lo que es de todos no es de nadie y, al insistir en un marco legal utópico que niega títulos de propiedad y cierra las puertas a la formalización, el Estado fomenta la depredación.
Desde el año 2000, se ha perdido el 6,7% de los bosques húmedos primarios en todo el mundo. La situación no mejorará mientras no se entienda que la destrucción de los bosques húmedos en la región no es solo una tragedia, sino una colosal falla del mercado. Las ganancias que obtienen quienes saquean y devastan la naturaleza superan ampliamente cualquier riesgo o costo que asumen a corto o mediano plazo; es iluso esperar que, por una especie de ‘milagro moral’, dejen de hacerlo. Le corresponde al Estado intervenir y diseñar un nuevo sistema de estímulos y castigos.
Ecuador sigue esperando aún el catastro minero. Tampoco hay esfuerzos por formalizar la tenencia de tierras asentadas en los territorios de mayor riqueza natural en el país. Eso permitiría establecer responsabilidades y control efectivo; incluso se podría, como en Brasil, establecer programas estatales con apoyo internacional para compensar a los terratenientes y evitar la deforestación. Asuntos como estos requieren que el sector ambientalista inste al Estado a dejar de actuar como avestruz.