Demora en trámite de solicitud de juicio político al Presidente: ¿Error o estrategia política?

GESTIÓN. Los ponentes del juicio contra el Presidente de la República tendrán que subsanar errores.
GESTIÓN. Los ponentes del juicio contra el Presidente de la República tendrán que subsanar errores.

El Consejo de Administración Legislativa tenía previsto reconsiderar la votación por errores en la solicitud de juicio a Guillermo Lasso.

Desde el 4 de marzo de 2023, el trámite para la solicitud de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, no logra salir de la Asamblea Nacional.

La gestión está empantanada porque el texto de 55 páginas donde se plantean las causales de interpelación al mandatario incurre en errores que tendrán que ser subsanados por los ponentes Viviana Veloz, de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES); Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano (PSC); Mireya Pazmiño, de Pachakutik; y Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática (ID). Los proponentes tendrán tres días de plazo para subsanar errores.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tenía previsto instalarse a las 19:30 de este martes, 21 de marzo de 2023, para reconsiderar la votación de la solicitud de juicio político.

En la sesión de este 20 de marzo de 2023, los votos a favor de admitir a trámite la interpelación al jefe de Estado fueron de Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea; Marcela Holguín y Rony Aleaga (Unes); Esteban Torres (PSC); Darwin Pereira (Pachakutik). Los votos en abstención fueron de Johana Moreira (ID) y Nathalie Arias (CREO).

Torres dijo que la decisión de varias bancadas en la Asamblea, incluido el PSC, es que el documento que se entregue a la CC no tenga fallas, pero afirmó que los (errores que han sido planteados por varios sectores en redes sociales) no influye en la «fortaleza jurídica del escrito».

Los errores consisten en que los proponentes invocaron artículos de la Constitución y la Ley Legislativa que no corresponden para el juicio político a un jefe de Estado, sino para ministros y otros funcionarios. Además, invocan artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sin tomar en cuenta la reforma de 2021.

«No hay un error de fondo en el contexto mismo del juicio, ni se ha desvirtuado en términos técnicos la posibilidad de que se haga un ajuste o incluir incluso otro tipo de figura legal, de acuerdo a la potestad que tiene el juez constitucional», aseguró Gisela Garzón (UNES)

El proceso de reconsideración de la votación no implica que se retorne al punto de recolección de firmas.

Una semana más

La nueva revisión de la documentación y votación en el CAL generará que el envío del expediente a la CC -que debe emitir un dictamen previo de admisibilidad- demore al menos una semana más.

La dilación del trámite ya empieza a generar suspicacias en los pasillos de la Asamblea. ¿Error o estrategia política? Es la disyuntiva que se plantea.

Para Mario Ruiz (Pachakutik), el documento que se propone para enjuiciar a Lasso no está   sustentado con las pruebas necesarias, y habló de que, “adrede e intencionalmente” se habrían cometido errores. “Pachakutik nunca ha dicho que no va a dar los votos para el juicio de destitución a Lasso, pero Pachakutik tampoco se va a prestar para ningún juego o un amarre entre los que dejan que se vayan sus prófugos (María de los Ángeles Duarte) y los que quieren plantear una demanda patoja para que no sea admitida a trámite en la Corte”, expresó.

Según dijo, los gerentes designados en las empresas públicas serían los mismos que actuaron en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. “Hay un acuerdo entre ellos, pero nosotros no vamos a prestarnos…”, afirmó.

Esto fue refutado por Ana Belén Cordero, de la bancada oficialista de CREO, quien rechazó las acusaciones de pactos del Gobierno con la oposición. “Yo no creo que se pueda hablar de un pacto, yo no creo que el Gobierno se atrevería a pactar con analfabetos constitucionales, y más aún con una burda actuación. Yo creo que esto sí devela una torpeza, una ineptitud enorme por decir poco y por ser amable», declaró. (SC)

Informe de la Unidad no evitó los errores

Ni el filtro de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que emitió un informe favorable no vinculante al CAL para que se admitiera a trámite la solicitud de juicio, evitó que el documento contenga errores.

Desde agosto de 2022, este organismo de asesoramiento técnico del CAL y de las 15 comisiones especializadas, está a cargo del abogado Washington Sosa. Su puesto es de libre remoción.

Tras la renuncia que presentó su antecesor Paulo Gaibor a la coordinación general de la UTL, Sosa contó que presentó su carpeta a la dirección de Talento Humano y fue designado para el cargo tras reunir requisitos, como acreditar más de diez años de ejercicio profesional, tener maestrías vinculadas al ámbito administrativo, etc.

Washington Sosa fue asesor de Sofía Almeida, expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y postuló para juez de la Corte Constitucional por la Función de Transparencia.

Aseguró que no obedece a cuota política de ninguno de los integrantes del CAL. “Mi Unidad asesora a las bancadas y comisiones; mi ingreso a este cargo tiene que ver con mi perfil”, señaló, tras asegurar que tampoco está afiliado a un partido político.

Sin embargo, Guadalupe Llori (Pachakutik) expresidenta de la Asamblea, dijo que la designación del coordinador general de la UTL le corresponde al presidente de la Función Legislativa. En la actual administración a Virgilio Saquicela.

En su gestión, LLori ratificó como coordinador a Paulo Gaibor, quien se desempeñó desde la administración del expresidente César Litardo.

La UTL se crea con la Constitución de 2008. El entonces Congreso Nacional no tenía UTL; es a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) de la actual Asamblea Nacional, que se incluye la Unidad Técnica Legislativa basado en los modelos que existen en Chile, Perú y Colombia. El salario que perciben los integrantes de la UTL proviene del presupuesto general de la Asamblea.

La UTL está integrada por 12 funcionarios que tienen título de cuarto nivel relacionado con materias de derecho administrativo, derecho parlamentario y constitucional.