La mañana del lunes 29 de junio del 2020 los vecinos de Ficoa Las Palmas, sector ubicado al oeste de Ambato, identificaron varios cadáveres de perros que habían sido envenenados la noche anterior.
El caso se hizo viral en redes sociales provocando la indignación de la ciudadanía. Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional, quienes realizaron el levantamiento de indicios para llevar adelante las investigaciones correspondientes.
Días después colectivos animalistas y personas defensoras de los derechos de los animales instaron a la Fiscalía de Tungurahua a iniciar con el proceso respectivo que permita sancionar al responsable.
Caso
Más de ocho meses después, el culpable de este hecho que dejó un total de 11 animales fallecidos no ha sido identificado. Paola Parra, abogada a cargo del proceso, explicó que el caso ya no es investigado por las autoridades competentes.
“La acción no continúo en la vía judicial porque necesitábamos pruebas, si bien la Fiscalía admitió los videos del ECU 911, no nos dieron la apertura para poder visualizarlos”, dijo.
Parra aseguró, además, que para presentar las acciones posteriores era necesario identificar a la persona responsable o presunta, requisito indispensable solicitado por la ley para presentar la acusación.
“El tiempo que teníamos para accionar eran seis meses y ya transcurrió más allá de ese tiempo”, dijo la abogada, quien especificó que este tipo de acciones legales, por ser delitos de acción privada, no proceden por denuncias, sino a través de la Unidad Judicial Penal.
EL DATO El COIP estipula varias sanciones para quienes atentan contra los animales.
Protección
Alejandro Pérez, coordinador del Colectivo Animalista de Tungurahua, dijo que la figura de delito de acción privada limita mucho a los activistas, pues si las mascotas mueren envenenadas o al ser maltratadas, las únicas personas que pueden impulsar una acción legal son los dueños.
“La falta de tiempo, la demora de los procesos y la falta de recursos también hace que las personas desistan en los casos y por ende nunca se puede encontrar a los responsables”, mencionó.
Pérez contó que representantes del colectivo mantuvieron varias reuniones con los asambleístas electos por Tungurahua con el fin de buscar reformas a la ley y que este tipo de delitos sean de acción pública, esto permitiría que cualquier testigo pueda implementar una denuncia. (RMC)